El empresario, detenido por tres años, compareció ante el tribunal y desestimó los cargos en su contra.
Rafael Perdomo, directivo de Constructora HP, denunció ante el Tribunal Especial Tercero de Juicio con competencia en Terrorismo y Corrupción graves violaciones a sus derechos constitucionales y la fabricación de pruebas por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). La comparecencia se produjo tras permanecer tres años en situación de aislamiento y sin derecho a una defensa privada, en el marco de un proceso por corrupción.
Durante la audiencia, Perdomo detalló que funcionarios del Sebin, identificados por los apellidos Quintana y Flores, intentaron extorsionarlo para que firmara recibos de pago falsos. Estos recibos, según su testimonio, estaban destinados a implicar a funcionarios municipales como Harold Sosa y Juan Carlos Posner, con el objetivo de «comprometer» al alcalde de Baruta, Darwin González. Ante su negativa a colaborar, el empresario denunció haber sido sometido a tratos crueles, incluyendo privación de alimentos por cinco días y privación del sueño.
Perdomo afirmó que los agentes irrumpieron en sus oficinas para redactar los supuestos recibos en hojas membretadas de la constructora, simulando la entrega de dinero para financiar campañas políticas. El empresario argumentó la ilogicidad de tal acción y señaló que uno de los funcionarios mencionados, de apellido Posner, no se encontraba en Venezuela en las fechas de los presuntos pagos.
En cuanto a la acusación de legitimación de capitales, Perdomo explicó, con soportes técnicos, que el crecimiento de Constructora HP se basó en capital privado, créditos bancarios y preventas. Precisó que las torres Guayana y Sena, mencionadas por el Ministerio Público como parte de la trama «Pdvsa-Cripto», fueron terminadas antes de que la empresa iniciara cualquier contrato con la estatal petrolera en 2021. Asimismo, aclaró que la permisología urbana en Las Mercedes es gestionada legalmente por los dueños de los terrenos, desestimando cualquier acusación de soborno a funcionarios de la Alcaldía de Baruta.
El empresario denunció también que, tras su detención, funcionarios del Sebin desalojaron a su familia de su residencia sin orden judicial, y que actualmente un funcionario reside en lo que era su apartamento. Además, reveló irregularidades en torno al Colegio Jefferson, institución de su propiedad, donde el empresario José Simón Elarba habría forzado el desalojo de su esposa e hijos, alegando ser el «nuevo dueño» a pesar de que la propiedad no ha sido vendida.
Sobre su incursión en el sector público, Perdomo aclaró que su primer contrato con el Estado no ocurrió sino hasta 2021, bajo la insistencia del entonces vicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa, Antonio Pérez Suárez. Explicó que se sumó a proyectos de infraestructura bajo la Ley Antibloqueo para rehabilitar muelles en Guaraguao y en la refinería Cardón, obras que, según él, fueron cruciales para la industria petrolera. Afirmó haber realizado cinco obras civiles para Pdvsa, todas culminadas, y que la estatal le adeuda 20 millones de dólares por la última. Desmintió categóricamente el uso de divisas digitales en sus transacciones, asegurando que todos los pagos fueron realizados por la Vicepresidencia de Comercio y Suministro con recibos firmados y sellados.
Perdomo expresó la frustración por el impacto que el proceso ha tenido en su entorno familiar y asumió la responsabilidad total de las operaciones del consorcio para desvincular a su hermano Roger. Solicitó a la jueza una medida de arresto domiciliario para continuar el juicio, alegando poseer todos los elementos para demostrar su inocencia y que las irregularidades internas de Pdvsa no pueden atribuirse a sus contratistas.
Contexto de la Operación «Pdvsa-Cripto»
La detención de los hermanos Rafael y Roger Perdomo en marzo de 2023 se produjo en el marco de la operación denominada «Pdvsa-Cripto», una investigación por desfalco multimillonario a la estatal petrolera. Según la tesis del Ministerio Público, funcionarios públicos y empresarios habrían desviado fondos mediante el uso de criptoactivos y sociedades mercantiles. Este caso provocó la detención del exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, y de más de 60 personas.
La fiscalía acusó inicialmente a los Perdomo de fungir como operadores financieros para legitimar capitales de la estatal petrolera y de presuntos sobornos para obtener permisos. No obstante, la defensa de Rafael Perdomo sostiene que las obras fueron financiadas íntegramente por la banca privada y que la acusación fiscal se fundamenta en pruebas fabricadas bajo coacción durante su periodo de incomunicación en el Sebin.
El Nacional.-
