Este jueves, las autoridades mexicanas intensificaron las labores para drenar el ácido sulfúrico derramado de los vagones de un tren que se descarriló hace dos semanas cerca de la frontera con Estados Unidos. El trágico incidente resultó en la muerte de un niño venezolano de cuatro años y dejó cerca de diez heridos, lo que ha generado una creciente preocupación sobre los riesgos ambientales asociados al manejo de esta sustancia química peligrosa.
El descarrilamiento ocurrió en la carretera de Ahumada a Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, una ruta frecuentemente utilizada por migrantes que buscan llegar a EE. UU. La situación ha alertado tanto a las autoridades locales como a organizaciones ambientales sobre el manejo inadecuado del ácido sulfúrico, que es corrosivo y tóxico.
“Sabemos del derrame de 53,000 litros de ácido sulfúrico, y no se ha confirmado cuánto cloro se ha derramado,” informó a EFE Daniel Delgadillo Díaz, ingeniero agrónomo de la región. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó un primer estudio que indica que aproximadamente 192 metros cuadrados de suelo han sido afectados, con riesgos de quemaduras en plantas y animales.
El accidente del tren, que constaba de 12 vagones, se produjo el 3 de septiembre y ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de los migrantes que utilizan esta ruta. Francisco González, director de los albergues Somos Uno por Juárez, expresó su preocupación por el creciente riesgo que enfrentan los migrantes: “Esto es una evidencia clara de que las personas en movilidad son cada vez más vulnerables.”
La familia del niño fallecido ha recibido su cuerpo tras una serie de complicados trámites relacionados con su estatus migratorio. Una migrante que no quiso ser identificada comentó: “Es muy lamentable y difícil saber cómo día a día las personas pasan por situaciones extremas con tal de llegar a este lugar.”
La migración irregular a través de México ha aumentado un 193 % interanual en la primera mitad del año, alcanzando un récord de más de 712,000 migrantes, según la Unidad de Política Migratoria del Gobierno.
Cortesía EFE