La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela presentó su quinto informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, destacando graves violaciones de derechos humanos en el país. El informe documenta detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas, principalmente dirigidas contra opositores al régimen de Nicolás Maduro.
Marta Valiñas, presidenta de la Misión, alertó sobre el alto riesgo de desintegración del Estado de derecho y describió un plan sistemático de represión diseñado para silenciar a la oposición política. Durante el periodo de septiembre de 2023 a agosto de 2024, se registraron más de 25 muertes y más de 1.600 detenciones en el contexto de protestas postelectorales, muchas de las cuales incluyeron graves violaciones al debido proceso, como torturas y violencia sexual.
El informe también señala la preocupante detención de 158 niños y niñas, acusados de graves delitos como terrorismo, y denuncia las condiciones inhumanas en las que son mantenidos los detenidos, incluyendo prácticas de tortura que van desde golpizas hasta agresiones sexuales.
Tras las elecciones presidenciales, la Misión continuó recibiendo alegaciones de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes de personas opositoras o percibidas como tales cuando se encontraban bajo custodia de las fuerzas de seguridad en prisiones y otros centros de detención.
Los métodos de tortura utilizados en los casos investigados incluyeron puñetazos, golpes con planchas de madera o con bates envueltos en goma espuma, y descargas eléctricas, incluidas en los genitales. Otros métodos registrados fueron la asfixia con bolsas de plástico, inmersión en agua fría y privación de sueño a través de iluminación o música a volumen alto las 24 horas del día.
La Misión destaca la necesidad urgente de que el Consejo de Derechos Humanos renueve su mandato, enfatizando que estas violaciones representan un patrón sistemático que requiere atención internacional. El Observatorio Venezolano de Prisiones respaldó estas denuncias, señalando el creciente acoso a periodistas y defensores de derechos humanos, y pidió que el informe sea presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para fortalecer las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
