El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado que el gobierno de Venezuela ha confirmado ya la identidad y los cargos contra los dos ciudadanos españoles detenidos por supuesto espionaje en el marco de un complot para desestabilizar a Nicolás Maduro.
En una entrevista en Catalunya Ràdio, el jefe de la diplomacia española detalló que a finales de la semana pasada tuvo la confirmación oficial de la detención y de los cargos de los dos ciudadanos españoles, tal y como había exigido con anterioridad a su homólogo venezolano, Yván Gil.
Desde este momento, según ha anunciado el propio Albares, se está ejerciendo «la protección diplomática y consular» de José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme «para que estos dos compatriotas injustamente retenidos en Venezuela puedan regresar donde siempre tuvieron que estar, que es junto a sus familias».
Preguntado sobre qué cargos pesan sobre ellos, el ministro de Exteriores eludió responder esgrimiendo que su Ministerio debe «trabajar con tranquilidad» y que los detenidos «tienen también derecho a la intimidad».
Albares reiteró que los ciudadanos españoles «no tienen nada que ver» con «ningún organismo público español, mucho menos con el CNI» (Centro Nacional de Inteligencia).
El pasado viernes, Albares se reunió en Nueva York con el vicecanciller venezolano, Ránder Peña, y exigió que España pudiera brindar acceso consular a los dos españoles detenidos en Venezuela, así como que se comunicasen los cargos concretos contra ellos.
«Que a nadie le quepa duda de que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, y yo personalmente, no se va a escatimar ningún esfuerzo hasta que estos dos compatriotas injustamente retenidos en Venezuela estén donde siempre tenían que estar, en libertad y con sus familias», añadió Albares antes de insistir en que es «inaceptable» su situación.
Caracas anunció la detención de los dos españoles en medio de una escalada de tensión con Madrid, tras la llegada a España del excandidato opositor venezolano, Edmundo González Urrutia, que ha pedido asilo político en el país europeo tras denunciar fraude electoral en Venezuela.
