Durante el taller “Lo legal de lo ilegal de la justicia venezolana”, realizado en la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), expresó su profunda preocupación sobre el impacto devastador que las detenciones durante las manifestaciones postelectorales han tenido en adolescentes y jóvenes.
“La cárcel hace un daño terrible y deja una huella imborrable en los muchachos y adultos detenidos que nunca en su vida olvidarán, por eso es que el daño causado a las personas es irreparable y por lo tanto es importante hablarlo, discutirlo y tratarlo”, subrayó Prado.
Prado criticó fuertemente que, dos meses después de las detenciones, aún hay privados de libertad que no han podido ver a sus familiares ni comunicarse con ellos. Según explicó, el Código Orgánico Penitenciario (COP) regula visitas, pero desde su aprobación en 2015 y la reforma en 2021, aún carece de reglamento, dejando el régimen de visitas a criterio de las autoridades penitenciarias.
Además, denunció que a los detenidos se les niega el derecho a contar con su abogado de confianza, instándolos a asumir responsabilidades por delitos de terrorismo con la asistencia de defensores públicos alineados con el régimen. Prado insistió en la urgente necesidad de liberar a los detenidos arbitrariamente y borrar sus antecedentes, ya que les condenan de por vida tanto a nivel nacional como internacional.
Juan Carlos Aptiz, decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la UCV, junto a los abogados Daniela Suárez y Joel García, participaron en el evento. García destacó que los detenidos enfrentan un problema político más que jurídico, con el gobierno de Nicolás Maduro atribuyéndoles delitos arbitrariamente y negándoles derechos fundamentales, como la defensa legal.
“Actualmente nadie tiene derecho a acceder a un abogado de su confianza. Tenemos una gran cantidad de adolescentes detenidos, que si bien es cierto pueden cometer delitos, los procesos de los adolescentes son distintos a los procesos de los adultos», señaló García.
Suárez, experta en derecho penal internacional, detalló la situación de Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI) y aclaró las diferencias entre “situación” y “caso”, subrayando que, aunque el proceso es lento, es vital obtener una sentencia condenatoria basada en pruebas suficientes.
Aptiz recordó que seis estudiantes de la UCV se encuentran detenidos y criticó la falta de transparencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) al no publicar las actas electorales, lo cual contribuiría a un régimen de facto sin totalización de actas.
La abogada Daniela Suárez también disipó preocupaciones sobre la relación de parentesco entre el fiscal de la CPI, Karim Kham, y la abogada Venkateswari Alagendra, asegurando que esto no ha afectado la objetividad de las investigaciones.
La crisis de justicia en Venezuela sigue siendo alarmante, con jóvenes y adolescentes sufriendo las consecuencias de detenciones arbitrarias y violaciones de derechos humanos. Las voces críticas y expertas en el taller hicieron un llamado urgente a reflexionar y actuar ante una situación que sigue desafiando los estándares de justicia y derechos humanos en el país.
El partido Primero Justicia rechaza la detención del alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina, por el
