En un giro que parece calcado de los eventos ocurridos las jornadas previas, otros dos menores de edad han sido pasados a juicio, sumando ya once adolescentes implicados en las protestas postelectorales residenciados en Carabobo. La audiencia preliminar, celebrada de manera telemática desde Caracas y llevada a cabo por la jueza Keidimar Ramos Castillo, aconteció mientras que los jóvenes participaron desde el Circuito Judicial Penal de San Juan de Los Morros.
El procedimiento repetitivo
El procedimiento, al igual que en ocasiones anteriores, siguió un patrón: el fiscal propuso una pena de 10 años por delitos de terrorismo, incitación al odio, obstrucción de la vía pública y resistencia a la autoridad, añadiendo en esta ocasión el uso indebido de uniformes e insignias militares. La defensora pública, Kelly Pérez, intentó una revisión de medida, sin éxito. La jueza Ramos presentó una alternativa: admitir culpa y asumir una condena reducida de 6 años y 8 meses sin beneficios; sin embargo, los jóvenes optaron por ir a juicio para defender su inocencia, pese al miedo latente de enfrentar hasta 10 años de prisión.
La espera extendida por justicia
Los adolescentes, ambos de 17 años, enfrentan un proceso legal que, según los familiares, parece premeditado y carece de imparcialidad. Detenidos el pasado 29 de julio, su audiencia preliminar sufrió un retraso de 63 días, cuando debió realizarse en los primeros 10 días tras su captura. A pesar de la documentación presentada por sus padres intentando probar su inocencia, la jueza alegó desconocer cualquier evidencia promovida por la defensa.
Una detención en la cotidianidad
Uno de los adolescentes afectados vivía un momento especial en su vida personal, recién graduado y asumido en la reciente paternidad. La detención ocurrió cuando regresaba de comprar pañales para su hijo de 7 meses, incautándoselo en la cancha de El Combate, ubicada al sur de Valencia. La desesperada búsqueda de su madre por comandos policiales y militares, hospitales y morgues resultó infructuosa.
La narrativa que emerge de estos casos refleja una atmósfera de incertidumbre y desasosiego entre los familiares, quienes observan impotentes cómo se suceden eventos que tocan de cerca los cimientos de la legalidad y los derechos fundamentales de los implicados.
