El estado Apure se encuentra en el ojo del huracán, luego de que se revelara la supuesta extorsión ejercida por el chavismo sobre presos políticos para evitar ser trasladados a las temidas cárceles de Tocuyito y Tocorón. Este inquietante escenario ha sido denunciado por una ONG defensora de derechos humanos, que ha señalado a un entramado de corrupción dentro del sistema judicial venezolano.
Desde el 28 de julio, fecha de las elecciones presidenciales, el número de detenidos por causas políticas en Apure ha superado la centena. Estos arrestos han resultado en el traslado inmediato de al menos 19 individuos a cárceles reconocidas por sus condiciones inhumanas y peligrosas. Dentro de los apresados, se cuentan 15 mujeres, todas presuntas víctimas de un sistema de justicia corrupto que involucra a jueces, fiscales, defensores públicos y otros funcionarios gubernamentales.
Según los denunciantes, el proceso judicial ha sido desvirtuado por un círculo corrupto, donde los detenidos son obligados a aceptar la representación de Ana Karina Ramírez como defensora pública. Ramírez mantiene un vínculo personal con un alto funcionario del SEBIN, lo que exacerba las sospechas de manejo irregular en la defensa de estos casos. Los expedientes han sido distribuidos entre los jueces de control María Milagros González Díaz, José Antonio Méndez Laprea y Rosmery Torres, señalados por su falta de imparcialidad.
Un caso emblemático es el de María Isabela García, una abogada y docente del Liceo Bolivariano “Manuel Antonio Nieves”. García, también activa políticamente como Coordinadora de Educación y militante de Primero Justicia, se destaca como miembro del voluntariado de Mujeres con María Corina Machado en Elorza. Su detención refleja las represalias políticas desatadas en la región.
La ONG defensora de derechos humanos, aunque perseguida y acosada por el régimen venezolano, insiste en la urgencia de visibilizar esta situación. Se hace un llamado internacional para exigir transparencia y justicia, además de un tratamiento humano y digno para aquellos que han sido privados de libertad bajo circunstancias arbitrarias y crueles.
Esta revelación invita a la reflexión sobre el estado de los derechos humanos en Venezuela y la necesidad de medidas concretas para proteger a los ciudadanos de un sistema que supuestamente perpetúa el temor y la injusticia desde las esferas del poder.
