La Fiscalía de Bolivia ha dado un paso firme en un caso que ha captado la atención tanto a nivel nacional como internacional. Una orden de captura fue emitida contra el exmandatario Evo Morales, tras su ausencia en una citación para declarar por una grave acusación que lo involucra en un caso de estupro y trata de personas.
El jueves, la fiscal Sandra Gutiérrez tomó la determinación de emitir el mandato de aprehensión, destacando que Morales, junto a otros investigados, se encontraban debidamente notificados. Gutiérrez resaltó que el procedimiento se llevó a cabo sin vulnerar ninguno de los derechos del expresidente. «Lo que corresponde es eso, sacar el mandamiento de aprehensión», afirmó la fiscal, haciendo énfasis en la necesidad de contar con la declaración informativa de Morales.
En sus declaraciones a la prensa local, la fiscal explicó que esperó la presencia de Morales y otros dos acusados durante más de media hora antes de proceder con la emisión de la orden. Un documento presentado por la defensa de Morales justificaba su ausencia, pero no fue suficiente para detener la medida legal.
Desde la perspectiva de la defensa del exmandatario, representada por Jorge Pérez y Nelson Cox, la situación tiene matices de desventaja. Pérez subrayó la distancia de más de 980 kilómetros que separa a Morales de la ubicación del juzgado, enfatizando los desafíos logísticos de responder al llamado de la justicia. Cox, por su parte, manifestó que no existían garantías para la comparecencia de Morales, y calificó la orden de captura como inapropiada, tanto legal como procesalmente.
Morales, quien enfrenta acusaciones de abusos cometidos mientras ejercía como presidente, ha declarado que el caso tiene motivaciones políticas. Ha acusado al actual presidente, Luis Arce, de ser el artífice de una «persecución política» en su contra, sosteniendo firmemente su inocencia ante las acusaciones.
Las raíces de la investigación se extienden hasta el año 2016, sugiriendo que Morales habría mantenido una relación con una adolescente de 15 años que resultó en el nacimiento de una hija. Según las denuncias, los padres de la joven habrían consentido esta relación en aras de obtener beneficios.
A medida que el caso se prolonga, las repercusiones de estas acusaciones pueden ser de largo alcance para Morales y el paisaje político de Bolivia. La orden de captura contra un expresidente no sólo pone en tensión el sistema judicial y político del país, sino que también plantea interrogantes sobre los derechos humanos, la justicia y el impacto de las relaciones de poder. Con esta situación en desarrollo, el desenlace es aún incierto, pero está claro que las miradas del mundo están puestas sobre Bolivia.
