La Casa Blanca ha anunciado el inicio de los vuelos de deportación, un movimiento significativo en la política de inmigración estadounidense bajo el mandato de Donald Trump. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó la noticia el viernes, publicando fotografías de personas deportadas a bordo de aviones militares. Las imágenes, compartidas sin mostrar los rostros de los deportados, simbolizan un mensaje claro del presidente Trump sobre las consecuencias de ingresar ilegalmente al país.
En una publicación en la plataforma X, Leavitt subrayó el compromiso del presidente Trump con la seguridad fronteriza, afirmando que aquellos que entren ilegalmente a Estados Unidos «enfrentarán severas consecuencias». Esta acción forma parte de una serie de medidas ejecutivas que Trump ha implementado al comienzo de su segundo mandato, cumpliendo con las promesas hechas durante su campaña electoral.
Según reportes de Fox News, las operaciones de deportación se están llevando a cabo a gran escala. Una fotografía compartida por Leavitt muestra un avión en el aeródromo militar Biggs de Fort Bliss, en El Paso, Texas, que transporta a 80 personas con destino a Guatemala. En los primeros días de esta campaña, se arrestaron 538 inmigrantes ilegales y se deportaron cientos, según fuentes oficiales.
La acción ha sido descrita por la Casa Blanca como «la mayor operación masiva de deportación en la historia», con la administración afirmando que se están cumpliendo las promesas.
En un movimiento para reforzar las políticas de inmigración, Trump ha reintroducido el programa «Quédate en México», que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en el lado mexicano de la frontera mientras se procesa su petición. Adicionalmente, ha detenido todas las llegadas de refugiados hasta nuevo aviso, incluidos aquellos con solicitudes de asilo aprobadas.
Estas acciones han generado críticas de varios sectores políticos. Los congresistas demócratas, especialmente aquellos de la extrema izquierda, han expresado su preocupación por el costo y las implicaciones de las medidas. La senadora Patty Murray calificó la legislación aprobada como un gasto excesivo, mientras que Alexandria Ocasio-Cortez advirtió sobre el impacto negativo en el Estado de Derecho.
La Asociación de Abogados de Inmigración Americana (AILA) también se pronunció en contra, argumentando que las políticas de aplicación no mejoran la seguridad pública. En contraste, los partidarios de Trump, incluyendo al padre de Laken Riley, una víctima de violencia que el mandatario ha mencionado frecuentemente, creen que estas acciones están ayudando a cambiar el panorama político.
Estas medidas indican un enfoque decidido de la administración Trump para enfrentar la inmigración ilegal, marcando un punto de inflexión en la política migratoria de Estados Unidos.
AFP
