Un tribunal en Montpellier, al sur de Francia, ha sentenciado a Sandrine Pissarra, de 54 años, a cadena perpetua por la muerte de su hija, Amandine, de 13 años, quien falleció en 2020 en un estado de extrema desnutrición. El tribunal estableció un periodo de 20 años durante el cual Pissarra no podrá acceder a beneficios penitenciarios.
La condena fue dictaminada por los tres jueces y el jurado popular del tribunal, quienes respaldaron la solicitud del fiscal, calificando a Pissarra como una «tirana doméstica» y «verdugo de Amandine». Amandine, en el momento de su muerte el 6 de agosto de 2020, pesaba apenas 28 kilos y medía 1,55 metros, presentando un cuadro clínico de caquexia severa, asociado a una septicemia y un probable síndrome de realimentación, según el informe forense.
Las investigaciones revelaron que la adolescente había estado encerrada durante semanas en un trastero sin ventanas ni acceso a alimentos. El informe psiquiátrico señala que Pissarra pudo haber proyectado su odio hacia el padre de Amandine en el maltrato hacia su hija. Estos abusos se intensificaron durante el primer confinamiento por COVID-19 en marzo de 2020, cuando Amandine dejó de asistir a la escuela.
Durante el proceso judicial, el fiscal Jean-Marie Beney detalló un «sistema dictatorial» implementado por Pissarra, que incluía golpes, puñetazos, y otras formas de maltrato físico y psicológico, con el objetivo de «destruir la personalidad de la víctima», describiendo esta situación como una forma de «tortura blanca».
El juicio mostró imágenes captadas por cámaras de vigilancia instaladas por la madre en el trastero, donde Amandine aparecía desnuda y visiblemente desnutrida.
Jean-Michel Cros, quien era pareja de Pissarra durante los hechos, fue condenado a 20 años de prisión por no brindar asistencia a Amandine. El tribunal dictó una pena superior en dos años a la solicitada por la Fiscalía, destacando su papel en el caso.
La sentencia ha generado un amplio debate en Francia sobre la protección de menores y la responsabilidad de las instituciones para intervenir en situaciones de violencia doméstica extrema.
AFP