Una familia venezolana residente en Dunkirk, Nueva York, se ha convertido en el epicentro de un caso que ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos y activistas pro-migración. La intervención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) culminó con la detención de Carlos Molina Manzaneda y Rebeca Ferreira Castillo, dejando a su hija de dos años, Ines, separada de sus padres.
El incidente tuvo lugar en el estacionamiento de un Walmart, donde la pareja trabajaba como repartidores. La menor, de nacionalidad estadounidense, quedó al cuidado de un familiar desde finales de julio. Según reportes de Investigative Post, la intervención de los agentes de ICE ocurrió mientras la pareja realizaba sus labores, con la promesa de detener solo a uno de ellos. Sin embargo, ambos fueron arrestados, dejando a la niña sin cuidados parentales inmediatos.
Actualmente, Molina Manzaneda se encuentra retenido en el centro de detención de ICE en Batavia, mientras que Ferreira Castillo fue trasladada a una instalación en Luisiana. El abogado de la familia ha criticado la actuación del ICE, acusando a la agencia de actuar con desprecio por el bienestar infantil. Ha solicitado la liberación de al menos uno de los padres para reunirse con la menor.
La situación ha reavivado el debate sobre la política de separación familiar que se implementó durante la primera presidencia de Donald Trump. Organizaciones como Justice for Migrant Families y la New York Immigration Coalition han señalado que este no es un incidente aislado. Un informe del New York Times documentó otros nueve casos similares a nivel nacional, lo cual, según activistas, es una consecuencia directa de las nuevas políticas migratorias que establecen cuotas diarias de arrestos.
Ambos padres, quienes ingresaron legalmente a los Estados Unidos en 2022 huyendo de amenazas y persecución en Venezuela, tienen solicitadas de asilo político en curso y han cumplido con todas sus citas judiciales. Pese a los esfuerzos del abogado Bob Graziano para unificar a la familia y solicitar libertad condicional humanitaria, ICE ha denegado una petición de fianza. Mientras tanto, la próxima audiencia judicial de Molina Manzaneda está programada para 2027.
El caso permanece sin una respuesta oficial del ICE, pero ha movilizado a defensores y abogados que demandan acciones inmediatas para evitar más separaciones familiares. En tanto, la pequeña Ines, de apenas dos años, sigue esperando el regreso de sus padres, sin comprender la razón de su ausencia.
El Comercio Perú