Activistas venezolanos hicieron un llamado contundente desde la 23ª Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma en La Haya, instando a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) a actuar «sin dilaciones» contra los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
Elisa Trotta, secretaria general del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), expresó que la causa conocida como Venezuela I debe avanzar sin más demoras. «Los crímenes de lesa humanidad cometidos por la tiranía chavista no pueden quedar impunes. Las pruebas son claras, contundentes y se siguen acumulando. No podemos permitir más dilaciones. Las víctimas y sus familias merecen justicia», afirmó Trotta, destacando la urgencia de que los responsables sean llamados a indagatoria y se emitan las órdenes de captura necesarias.
El abogado Tomás Farini Duggan, también del FADD, subrayó la importancia de que la justicia no continúe siendo postergada. «Es hora de que la Corte Penal Internacional actúe. Hay suficientes evidencias para proceder. La legalidad internacional debe prevalecer y garantizar que estos crímenes no queden en el olvido. Estamos aquí para insistir en que se haga justicia y para apoyar a las víctimas en este proceso», enfatizó.
Víctor Navarro, de la ONG Voces de la Memoria, se sumó a las demandas, señalando que el mensaje de la comunidad internacional debe ser claro: «Ya basta de que se sigan cometiendo crímenes de lesa humanidad. Ya basta de que Maduro siga subestimando a las víctimas y a los defensores de derechos humanos. Ya basta de persecución política».
El evento paralelo a la Asamblea reunió a destacados defensores de derechos humanos, incluyendo a Paolina Massidda, abogada principal de la Oficina Independiente para la Defensa de las Víctimas de la CPI; Joanna Frivet y Santiago Cantón, del Panel de Expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre crímenes de lesa humanidad; Rodrigo Diamanti, presidente de la ONG Un Mundo Sin Mordaza, y Santiago Rocha, hijo del abogado y preso político Perkins Rocha. Todos compartieron evidencia de las graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
La participación activa de estos actores subraya la presión internacional creciente para que la CPI tome medidas concretas y refuerce la búsqueda de justicia para las víctimas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
