La Audiencia Nacional de Madrid ha admitido una querella contra Miguel Rodríguez Torres y Luisa Ortega Díaz, ambos asilados en España, por presuntos crímenes de lesa humanidad. Esta decisión fue tomada por el juez Antonio Piña, quien ha solicitado a la Fiscalía que evalúe la apertura de una investigación.
Abogados de la Unión de la Resistencia de Venezolanos en el Exilio (URVEX) acusaron a los exfuncionarios de haber cometido graves violaciones a los derechos humanos durante sus gestiones en Venezuela. La querella alega que ambos habrían participado en actos de tortura y violencia que constituyen crímenes de lesa humanidad, y por lo tanto, deben responder ante la justicia española.
La denuncia busca esclarecer las responsabilidades de estos altos cargos que, tras abandonar Venezuela por motivos políticos y de persecución, se encuentran actualmente en España. La querella fue presentada por Dulce Bravo, venezolana que reside en Argentina desde 2013, con la asesoría de abogados especializados en derechos humanos. Bravo acusó a Rodríguez Torres y Ortega Díaz de haber perpetrado torturas y otros crímenes en Venezuela, en el contexto de represión política.
Bravo detalló que en 2013 fue secuestrada, torturada y violada por agentes del gobierno, quienes, según ella, actuaron bajo órdenes de estos altos funcionarios. La denuncia también acusa a Ortega Díaz de impedirle ejercer su derecho a declarar y de haber emitido órdenes en su contra, acciones que agravan su responsabilidad en estos crímenes.
Ahora, la Fiscalía en Madrid debe determinar si la competencia del tribunal permite investigar estos hechos bajo el principio de justicia universal, que posibilita juzgar crímenes graves independientemente del lugar donde se cometieron.
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