A partir del 10 de diciembre, las empresas de redes sociales deberán tomar “medidas razonables” en Australia para garantizar que los menores de 16 años no puedan crear cuentas en sus plataformas y que las cuentas ya existentes de este grupo de edad sean desactivadas o eliminadas. La medida, descrita por el gobierno como una política pionera a nivel mundial y popular entre muchos padres, busca reducir las “presiones y los riesgos” a los que los niños pueden estar expuestos en las aplicaciones, derivados de diseños que los incitan a pasar más tiempo frente a las pantallas y a consumir contenido potencialmente perjudicial para su salud y bienestar.
El gobierno australiano encargó a principios de este año un estudio que reveló que el 96% de los niños de entre 10 y 15 años utilizan redes sociales y que 7 de cada 10 habían estado expuestos a contenido y comportamientos dañinos. Estos abarcan desde material misógino y vídeos de peleas hasta contenido que promueve trastornos alimentarios y el suicidio. Uno de cada siete chicos informó haber sufrido acoso sexual por parte de adultos o niños mayores, y más de la mitad afirmó haber sido víctima de ciberacoso.
Greg Attwells, director del grupo activista australiano 36 Months, que ha presionado para que se aumente la edad mínima para usar las redes sociales de 13 a 16 años, afirmó a la BBC que la medida no constituye una prohibición en sentido estricto. La definió como una “medida que permitirá a los jóvenes conocerse a sí mismos antes de que el mundo lo haga. Se trata de retrasar 36 meses el momento en el que se convierten en ciudadanos digitales de un ecosistema de redes sociales”.
Hasta ahora, el gobierno ha identificado nueve plataformas sujetas a la nueva prohibición: Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit y Kick, esta última dedicada exclusivamente al streaming. Las autoridades presionan además para extender las restricciones a los videojuegos en línea. Ante el temor de ser incluidas, plataformas como Roblox y Discord han implementado recientemente controles de edad en algunas de sus funciones.
El listado de servicios afectados se revisará de forma continua. Para ello, el gobierno ha establecido tres criterios principales: si el propósito principal o único de la plataforma es permitir la interacción social en línea entre dos o más usuarios, si habilita a los usuarios a interactuar con otros usuarios o si permite que los usuarios publiquen contenido. YouTube Kids, Google Classroom y WhatsApp no están incluidos, ya que no se consideró que cumplieran estos criterios. Los niños podrán seguir viendo la mayor parte del contenido disponible en plataformas como YouTube que no requieren una cuenta.
La responsabilidad de cumplir la norma recaerá exclusivamente en las empresas de redes sociales. Ni los menores ni sus padres serán sancionados por infringir la prohibición. Las compañías podrían enfrentar multas de hasta US$49,5 millones por infracciones graves o reiteradas. El gobierno sostiene que estas empresas deben tomar “medidas razonables” para impedir el acceso de los menores a sus plataformas y utilizar tecnologías de verificación de edad, sin especificar cuáles.
Entre las posibilidades planteadas figuran el uso de documentos de identidad oficiales, sistemas de reconocimiento facial o de voz y mecanismos de inferencia de edad. El gobierno insta a las plataformas a combinar diversos métodos de verificación y ha indicado que no podrán basarse únicamente en la declaración de edad de los usuarios ni en el aval de los padres.
Meta, propietaria de Facebook, Instagram y Threads, ha anunciado que comenzará a cerrar las cuentas de adolescentes a partir del 4 de diciembre. Según la compañía, quienes sean expulsados por error podrán verificar su edad mediante un documento de identidad oficial o un vídeo selfie. El resto de las plataformas incluidas aún no han detallado cómo acatarán la prohibición.
La efectividad de la medida se mantiene en discusión, ya que todavía no se han definido con claridad los métodos que las empresas utilizarán para verificar la edad de los usuarios. Existen preocupaciones sobre la posibilidad de que las tecnologías seleccionadas bloqueen erróneamente a algunos usuarios y no detecten a otros menores. El propio informe del gobierno australiano concluyó que la tecnología de reconocimiento facial es el método menos fiable para el grupo demográfico al que se dirige la regulación. También se ha cuestionado si el nivel de las multas será suficiente para generar cambios significativos, en un contexto en el que, según el exejecutivo de Facebook Stephen Scheeler, “Meta tarda aproximadamente 1 hora y 52 minutos en generar US$50 millones en ingresos”.
Los críticos sostienen que, incluso si la prohibición se implementa correctamente, podría no reducir el daño en línea para los niños, dado que no abarca sitios web de citas, plataformas de juegos ni chatbots de inteligencia artificial. Estos últimos han sido noticia recientemente por supuestamente incitar a menores al suicidio y mantener conversaciones de contenido sexual con niños. Otros sectores advierten que los adolescentes que dependen de las redes sociales para sentirse parte de una comunidad podrían quedar aislados y plantean que podría ser más efectivo centrarse en la educación sobre el uso de estas herramientas.
La ministra de Comunicaciones de Australia, Annika Wells, ha reconocido que la implementación de la prohibición podría no ser “perfecta” y anticipó posibles dificultades en su puesta en marcha al señalar que “se verá un poco desordenada durante su implementación” y que “las grandes reformas siempre lo son”.
La nueva regulación también ha reavivado el debate sobre protección de datos. Los críticos alertan sobre la recolección y el almacenamiento a gran escala de información personal que será necesaria para verificar la edad de los usuarios, así como sobre su posible mal uso. Australia ha sufrido en los últimos años varias filtraciones de datos de gran repercusión, en las que se robó, vendió o publicó información sensible. El gobierno afirma, no obstante, que la legislación incorpora “sólidas protecciones” para la información personal, que solo podrá utilizarse para la verificación de edad y deberá ser destruida una vez cumplido ese propósito, con “severas sanciones” por incumplimiento. Además, las plataformas deberán ofrecer una alternativa al uso de documentos de identidad oficiales en los procesos de verificación.
Las empresas de redes sociales reaccionaron con consternación al anuncio de la prohibición en noviembre de 2024. Alegaron que será difícil de implementar, fácil de eludir, consumirá tiempo para los usuarios y generará riesgos adicionales para la privacidad. También advirtieron que podría empujar a los niños hacia los “rincones oscuros” de internet y privar a los jóvenes de contacto social. Snap, propietaria de Snapchat, y YouTube negaron ser empresas de redes sociales en este contexto regulatorio.
Según se ha informado, Google, matriz de YouTube, aún sopesa la posibilidad de emprender acciones legales contra la inclusión de la plataforma en la prohibición y no respondió a una solicitud de comentarios de la BBC. Aunque anunció que acatará la medida, Meta argumentó que la prohibición dejará a los adolescentes con una protección inconsistente entre las distintas aplicaciones que utilizan. En audiencias parlamentarias celebradas en octubre, TikTok y Snap manifestaron que continúan oponiéndose a la prohibición, pero que la implementarán. Kick, la única empresa australiana incluida en la lista, señaló que introducirá una serie de medidas y que seguirá colaborando de forma constructiva con las autoridades.
Attwells relató a la BBC que, en conversación con un representante de “una de las grandes plataformas tecnológicas”, este le expresó su preocupación por el “riesgo de contagio global” que la medida podría representar para la industria. “Les preocupa que lo que está sucediendo en Australia se extienda a otras partes del mundo y quieren contenerlo dentro del país”, agregó.
La prohibición del uso de redes sociales para menores de 16 años en Australia es considerada una primicia mundial. Otros países la observan con atención mientras ensayan distintos enfoques para limitar el tiempo que los niños pasan frente a las pantallas y reducir su exposición a contenido dañino, sin llegar a una prohibición total de las plataformas. En Reino Unido, las normas de seguridad introducidas en julio prevén fuertes multas o incluso penas de cárcel para directivos de empresas en línea que no implementen medidas de protección frente a contenido ilegal y dañino. En otros países europeos, el uso de redes sociales por parte de menores está permitido solo con el consentimiento de los padres.
En septiembre, una comisión parlamentaria francesa recomendó prohibir el uso de redes sociales a los menores de 15 años y establecer un “toque de queda” para jóvenes de entre 15 y 18 años. Dinamarca ha anunciado planes para prohibir el acceso a redes sociales a menores de 15 años, mientras Noruega estudia una propuesta similar. En España, el gobierno ha enviado al Parlamento un proyecto de ley que exige que los menores de 16 años cuenten con la autorización de sus tutores legales para acceder a estas plataformas. En Estados Unidos, un intento en el estado de Utah de prohibir a los menores de 18 años el uso de redes sociales sin consentimiento paterno fue bloqueado el año pasado por un juez federal.
En paralelo, adolescentes entrevistados por la BBC han afirmado estar creando nuevas cuentas con edades falsas antes de la entrada en vigor de la prohibición, pese a que el gobierno ha advertido a las empresas que espera que detecten y eliminen estos perfiles. En internet, jóvenes usuarios recomiendan aplicaciones alternativas o comparten consejos para intentar sortear las nuevas restricciones. Algunos, incluidos influencers, han recurrido a cuentas conjuntas con sus padres, mientras analistas prevén un aumento en el uso de redes privadas virtuales (VPN), que ocultan el país desde el que se accede a internet.
“Sí, los niños encuentran la manera de saltarse las normas. Eso no significa que no deba existir la ley. Seguimos teniendo normas que existen para su seguridad”, concluye Attwells sobre el impacto previsible de la medida.
Con información de BBC News y BBC Global Journalism
