Madrid, España. – La entrada en vigor del nuevo plan de regularización masiva aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez ha generado una movilización masiva de migrantes, especialmente venezolanos, que buscan asesoría y documentos para legalizar su situación en el país.
Desde la semana pasada, organizaciones sociales y entidades autorizadas han reportado una alta afluencia de solicitantes, muchos de ellos intentando cumplir con los requisitos exigidos para obtener la residencia. Entre los documentos clave destaca el certificado de vulnerabilidad, el cual solo puede ser emitido por servicios sociales públicos, sindicatos y entidades registradas en el sistema oficial de extranjería.
Sin embargo, no todos deben presentarlo. Las autoridades han aclarado que los venezolanos que ya iniciaron su solicitud de protección internacional estarán exentos de este requisito, aunque deberán acogerse al nuevo plan, ya que España dejará de otorgar residencias por razones humanitarias, un mecanismo ampliamente utilizado en años anteriores.
Para quienes no lograron iniciar ese proceso, el decreto abre una alternativa: podrán optar a la regularización si demuestran al menos cinco meses de permanencia continua, no tienen antecedentes penales y cumplen con las condiciones establecidas.
La realidad se vive en las calles. En zonas como Ventilla, en Madrid, se han registrado filas durante horas e incluso personas que pernoctan frente a organizaciones como Fundación Aculco, en busca de orientación o de una cita.
Marianni Ortega, venezolana de 23 años, llegó hace más de seis meses y aún no ha podido regularizar su situación. Sin recursos para pagar asesoría privada, acudió a una fundación tras enterarse por redes sociales.
“Prefiero quedarme esperando. Dicen que a veces atienden sin cita”, comentó, reflejando la incertidumbre que enfrentan muchos migrantes.
Casos como el suyo evidencian las dificultades para acceder a trámites previos como la solicitud de asilo, lo que ha llevado a muchos a trabajar en condiciones informales y con bajos ingresos.
España alberga actualmente a más de 240.000 venezolanos con residencia por razones humanitarias, un mecanismo implementado en 2019 ante la ola migratoria. Solo en un año reciente, más de 85.000 venezolanos solicitaron protección internacional, y decenas de miles obtuvieron permisos de residencia.
No obstante, el nuevo enfoque migratorio cambia el panorama: en el primer trimestre de 2026, aunque más de 20.000 venezolanos lograron cita para solicitar asilo, las residencias humanitarias aprobadas han disminuido, reforzando la importancia del nuevo plan.
El programa busca regularizar a cerca de un millón de personas en situación irregular. Entre sus condiciones principales están:
- Permanencia mínima de cinco meses en España
- Ausencia de antecedentes penales
- Solicitud de protección internacional o acreditación de vulnerabilidad
Organizaciones como CEAR y Aculco cumplen un papel clave, evaluando cada caso mediante trabajadores sociales y abogados.
Según explican voceros de estas entidades, el proceso incluye filtros, revisión documental y talleres informativos antes de emitir el certificado necesario.
Durante los primeros días del plan, se han observado largas filas y saturación en los sistemas de atención, lo que evidencia la magnitud de la demanda.
Para muchos migrantes, este proceso representa una oportunidad única: una vez presentada la solicitud, podrán obtener permiso de residencia y trabajo por un año, con posibilidad de acceder posteriormente a otras figuras legales como arraigo laboral, académico o familiar.
Sin embargo, expertos advierten que la falta de información y la complejidad del proceso podrían dejar por fuera a miles de personas.
Espiga Noticias.-
