La medida se toma en un contexto de agenda federal de deportaciones masivas.
El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció la asignación de 35 millones de dólares en fondos estatales destinados a apoyar a familias inmigrantes. Esta medida se produce en un contexto donde la administración Trump implementa una agenda de deportaciones masivas.
Según un comunicado de prensa, la oficina de Newsom liberará estos fondos, previamente reservados por la legislatura en el presupuesto estatal, para colaborar con socios filantrópicos en la provisión de asistencia alimentaria y otros recursos. Esta asignación se suma a fondos ya destinados por el estado para ofrecer recursos legales a personas que enfrentan procesos de deportación.
La decisión se toma a pesar de las limitaciones presupuestarias significativas que enfrenta California, ya que la oficina de Newsom anticipa un déficit de 2.900 millones de dólares para el próximo año fiscal, según CalMatters. Previamente, el estado limitó la cobertura de salud para inmigrantes indocumentados para compensar un déficit mayor el año anterior.
En el comunicado, el gobernador Newsom declaró que «mientras el gobierno federal persigue a familias trabajadoras, California las apoya, uniendo socios y financiando comunidades locales para ayudar a sus vecinos». Un portavoz de Newsom indicó a CalMatters que las personas «tienen miedo de salir de sus hogares, miedo de ir a la escuela o al trabajo, y no pueden permitirse comprar alimentos» debido a las acciones federales.
Kim Johnson, secretaria de la Agencia de Salud y Servicios Humanos de California, afirmó que «cuando las acciones federales crean miedo e inestabilidad, nuestra responsabilidad es apoyar a las familias». La senadora estatal demócrata Lena Gonzalez, presidenta del Caucus Legislativo Latino de California, señaló que la financiación demuestra que su partido «continuará solidarizándose con nuestras familias inmigrantes».
La administración Trump ha impulsado una política de inmigración estricta, incluyendo deportaciones masivas. En junio, el entonces presidente Donald Trump firmó un proyecto de ley presupuestario que incluía 170.000 millones de dólares para la aplicación de la ley de inmigración, detención y deportación, con el objetivo de expulsar hasta un millón de inmigrantes de Estados Unidos por año durante cuatro años.
No obstante, los fondos estatales de California destinados a servicios legales de inmigración prohíben su uso para ayudar a personas con condenas por delitos graves o violentos a evitar la deportación, según CalMatters. Las leyes de California no impiden que el personal correccional estatal traslade a inmigrantes indocumentados con condenas por delitos graves o violentos a la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Por otro lado, un crítico como DeMaio, en declaraciones a CalMatters, argumentó que, como ciudadano, «si fuera auditado por el IRS y se descubriera que debe dinero e impuestos atrasados, no podría decir: ‘Bueno, quiero un abogado gratuito para luchar contra el gobierno federal'».
La asignación de estos fondos subraya la postura de California frente a las políticas migratorias federales, en un momento de creciente tensión entre el estado y la administración central.
El Nacional.-
