El estado de California, liderado por el gobernador Gavin Newsom, ha presentado una demanda judicial en contra de los aranceles impuestos por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Esta acción legal representa la primera vez que un estado desafía los poderes de emergencia invocados por el mandatario para implementar estas tarifas.
California se destaca como la quinta economía más grande del mundo y es un centro clave de producción manufacturera y agrícola en el país. La demanda fue anunciada por Newsom y el fiscal general del estado, Rob Bonta, durante una conferencia de prensa llevada a cabo en una finca de almendras, refiriéndose a uno de los cultivos más significativos del estado. Aproximadamente el 82% de las almendras del mundo se produce en California, que también es el único productor nacional de otros productos agrícolas como alcachofas, higos y nueces.
La Casa Blanca ha minimizado la relevancia de la demanda, argumentando que los aranceles son necesarios para enfrentar los desequilibrios en el comercio internacional. El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, criticó a Newsom por su enfoque, sugiriendo que debería centrarse en los problemas internos de California.
Newsom, por su parte, afirmó que su estado ha sido «desproporcionadamente afectado» y ha reiterado que California liderará la lucha contra estos aranceles, que actualmente se sitúan en un 10% para la mayoría de los países y un 145% para China. El recurso legal cuestiona la invocación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, argumentando que esta normativa nunca se había utilizado para tales fines.
Además, el recurso cita decisiones previas de la Corte Suprema contra el expresidente Joe Biden, sugiriendo que debe mantenerse la consistencia en los fallos respecto a la autoridad presidencial. Si bien California es pionera en este tipo de acciones legales, otras demandas de pequeña escala y grupos de derechos civiles también han cuestionado la autoridad del presidente en este tema.
Desde su inicio, la administración Trump ha promulgado numerosos anuncios sobre aranceles, afirmando que estos impulsarán la compra de productos nacionales y la recaudación impositiva. Sin embargo, ha habido críticas y modificaciones, incluyendo una pausa de 90 días en la aplicación de los aranceles a la mayoría de los socios comerciales, excepto China, debido a la presión política y del mercado.
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