En un nuevo esfuerzo por presionar a la administración de Nicolás Maduro para que detenga las violaciones de derechos humanos, Canadá ha sancionado a ocho altos oficiales de las fuerzas militares y policiales venezolanas. Estas sanciones refuerzan el compromiso del país norteamericano por condenar los abusos cometidos contra manifestantes, periodistas, líderes opositores y otros integrantes de la sociedad civil.
Detalles de las Sanciones
La lista de sancionados, publicada el pasado 21 de abril, se centra en funcionarios que, según informes internacionales, han estado implicados en graves violaciones de derechos humanos. Este señalamiento incluye delitos que no prescriben y que ahora son objeto de escrutinio internacional.
Douglas Rico, jefe del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), es uno de los nombres más notorios. Rico ha sido identificado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como responsable de violaciones significativas de derechos humanos ejecutadas por su personal. Además, informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela describen al Cicpc como una entidad que perpetúa violaciones sistemáticas, incluidas ejecuciones extrajudiciales.
Carlos Enrique Terán Hurtado, director de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército, enfrenta acusaciones similares por su tiempo al frente de la Dirección de Inteligencia Militar (Dgcim). Durante su mandato, se documentaron numerosos casos de tratos crueles e inhumanos hacia detenidos, lo que llevó a la ONU a señalarlo como responsable directo.
Otros Funcionarios Sancionados
Entre los sancionados también se encuentra Carlos Alberto Calderón Chirinos, un alto funcionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), y Florencio Ramón Escalona, jefe de Operaciones de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Ambos han sido vinculados a operaciones que han resultado en abusos contra civiles.
Ronny Fernando González Montesinos, del Servicio de Policía de la DAET, fue mencionado en el tercer informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU por su rol en la vigilancia y detención de opositores políticos, lo cual incluyó actos de tortura.
Manuel Enrique Castillo Rengifo y José Ramón Figuera Valdez son otros altos oficiales militares incluidos en la lista. Ambos ocupan posiciones de liderazgo en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, siendo parte integral de la estructura militar bajo el mando de Maduro.
Reacción de la Administración de Maduro
Ante estas medidas, la administración de Nicolás Maduro calificó las sanciones como un «acto de sumisión vergonzoso de Canadá», argumentando que son parte de una estrategia diseñada por los Estados Unidos para atacar al gobierno venezolano. Maduro rechazó públicamente las sanciones, considerándolas «ridículas e inútiles».
Este desarrollo pone de relieve la creciente presión internacional sobre las autoridades venezolanas y subraya la preocupación global por las continuas violaciones de derechos humanos en el país sudamericano. Las sanciones canadienses se suman a las ya implementadas por otros países en un intento concertado de responsabilizar a aquellos que facilitan la represión en Venezuela.
El Nacional
