La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha expresado su firme rechazo a las restricciones impuestas a periodistas de la agencia de noticias The Associated Press (AP) para cubrir eventos en la Casa Blanca. Esta medida, tomada en represalia por la decisión editorial de la agencia de seguir utilizando el nombre «Golfo de México», es considerada por la SIP como un acto de censura e intimidación que atenta contra la libertad de prensa consagrada en la Constitución de Estados Unidos.
El incidente se produjo el martes, cuando a un reportero de AP se le negó el acceso a un evento presidencial en el Despacho Oval, mientras que otro periodista de la agencia fue excluido de una convocatoria en la Sala Diplomática de la Casa Blanca. Julie Pace, editora ejecutiva de AP, reveló que la administración de la Casa Blanca advirtió a la agencia que no tendría acceso al Despacho Oval si no alineaban sus estándares editoriales con la orden ejecutiva 14172, firmada por el entonces presidente Donald Trump el 20 de enero, que renombró el Golfo de México como «Golfo de América».
En respuesta, AP emitió un comunicado oficial condenando la medida del gobierno de Trump como un ataque al periodismo independiente. La agencia sostiene que su Manual de Estilo, actualizado el 23 de enero, continuará utilizando el término «Golfo de México», aunque reconoce la nueva denominación impuesta por la Casa Blanca dentro del ámbito estadounidense. AP enfatizó que esta orden no es válida fuera de Estados Unidos y que otros países y organismos internacionales no están obligados a adoptarla. En coherencia con este enfoque, la agencia ha decidido denominar monte McKinley a la elevación en Alaska, en lugar de monte Denali, como fue renombrada por el presidente Barack Obama.
Julie Pace calificó de «alarmante» que el gobierno de Trump castigue a AP por su periodismo independiente, subrayando que limitar el acceso viola la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza la libertad de prensa.
José Roberto Dutriz, presidente de la SIP, manifestó su preocupación por estas restricciones. «La restricción a la cobertura periodística y la advertencia contra AP demuestran una inquietante intención de imponer criterios oficiales sobre la información de interés público, con la amenaza de represalias para quienes no se plieguen a ellos. La libertad de prensa está garantizada por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y debe ser respetada sin condicionamientos», afirmó Dutriz, quien también es CEO y director general de La Prensa Gráfica, de El Salvador.
Carlos Jornet, vicepresidente segundo de la SIP y presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, criticó la acción como un intento inaceptable de interferencia en el estilo y la línea editorial de un medio informativo. Jornet señaló que «se trata de una imposición arbitraria del gobierno sobre la labor periodística», y que cualquier forma de censura, interferencia o presión contraviene el derecho a la libertad de expresión, tal como lo estipula el artículo quinto de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el principio 6 de la Declaración de Chapultepec.
La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca también levantó su voz el martes en protesta por la decisión de la administración, enfatizando que «no debe penalizar a los periodistas que trabajan porque no está contenta con las decisiones de sus editores».
La SIP, con sede en Miami, Florida, es una organización sin fines de lucro dedicada a defender y promover la libertad de prensa y expresión en las Américas, integrando más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental.
El Nacional
