Las autoridades chilenas han encendido las alarmas al sospechar que la Embajada de Venezuela en Santiago sirvió como base de operaciones para agentes de contrainteligencia vinculados al régimen de Nicolás Maduro. Esta posibilidad busca esclarecer el secuestro y asesinato del exmilitar venezolano y disidente político Ronald Ojeda, ocurrido en febrero del año pasado.
Ojeda, quien ocupó el rango de exteniente en el Ejército venezolano, había encontrado asilo político en Chile, tras ser declarado traidor por el régimen chavista. La madrugada del 21 de febrero de 2024, su hogar fue irrumpido por cinco individuos disfrazados de policías, quienes lo secuestraron delante de su familia. Nueve días después, su cuerpo fue hallado en una maleta, enterrado bajo concreto en un barrio controlado por la organización criminal Tren de Aragua. La autopsia reveló que la causa de muerte fue asfixia.
Durante la investigación, un alto funcionario chileno reveló a The New York Times que existen pruebas que vinculan a la embajada venezolana con actividades de contrainteligencia en Chile. Se presume que agentes venezolanos han operado desde esa sede diplomática para vigilar, infiltrar y posiblemente coordinar acciones contra disidentes en el país.
El uso de embajadas para realizar operaciones encubiertas no es una práctica nueva entre regímenes autoritarios. En el caso venezolano, exfuncionarios desertores del chavismo han denunciado previamente la existencia de redes de espionaje en el extranjero, utilizando embajadas como centros de monitoreo y coordinación estratégica. En Santiago, las sospechas se intensificaron cuando la investigación reveló posibles vínculos entre personas relacionadas con la sede diplomática y el Tren de Aragua.
En el marco de la investigación, fiscales chilenos han imputado a 19 personas por su presunta participación en el asesinato de Ojeda, incluyendo miembros del Tren de Aragua. Testimonios clave han señalado que el grupo delictivo recibió órdenes directas del chavismo para llevar a cabo el crimen. Un testigo declaró que Diosdado Cabello, ministro de Interior, Justicia y Paz, autorizó la operación.
Frente a estas acusaciones, el régimen de Maduro ha negado cualquier implicación, calificando las acusaciones de falsas.
El caso ha elevado las tensiones entre ambos países, llevando a Venezuela a ordenar el cierre de los consulados chilenos en su territorio y a suspender las relaciones diplomáticas. En respuesta, el presidente chileno Gabriel Boric advirtió que, de comprobarse la implicación del régimen venezolano, se trataría de una violación de la soberanía de Chile y de los derechos humanos.
El desarrollo de esta situación está siendo observado de cerca por la comunidad internacional, dado su potencial para repercutir en el ámbito diplomático y en la seguridad de disidentes en el extranjero.
