La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha adoptado la Resolución 1/2025, otorgando medidas cautelares en favor de Nahuel Agustín Gallo. Este ciudadano argentino, cabo primero de la Gendarmería Nacional, se encuentra en una situación de gravedad y urgencia debido a que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable en Venezuela.
Nahuel Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024, en el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, en Ureña, Venezuela. Allí pretendía ingresar para visitar a su esposa e hijo venezolanos. Aunque disponía de los trámites en regla, pasaporte vigente y un pasaje de ida y vuelta, fue apartado durante una revisión de documentos y sometido a una «entrevista» sin poder comunicarse. Posteriormente, logró informar a su esposa sobre su situación a través del teléfono de un taxista. Sin embargo, tras ser trasladado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), su paradero ha permanecido desconocido.
A pesar de las declaraciones de altos funcionarios de Venezuela confirmando su detención, no se han proporcionado detalles sobre los motivos de su detención, cargos imputados ni condiciones de detención. En un intento de obtener información, sus abogados en Venezuela fueron informados por la Fiscalía de que la denuncia por desaparición no procedería, y otros intentos por parte de familiares han resultado infructuosos.
La CIDH ha instado a Venezuela a adoptar medidas para proteger los derechos de Nahuel Gallo, solicitando que informe sobre su situación actual, las circunstancias de su detención, y que facilite comunicación con su familia y representantes legales. Además, se requiere que Venezuela precise detalles sobre el tribunal que conocería su causa penal, de existir, o las razones para no haber sido liberado.
Estas medidas cautelares buscan evitar posibles violaciones de derechos humanos y no prejuzgan una petición formal ante el Sistema Interamericano. La Comisión Interamericana es un órgano autónomo de la OEA, encargado de promover y defender los derechos humanos en la región, actuando como consultor y contando con siete miembros independientes elegidos por la Asamblea General de la OEA.
No. 001/25
