La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido la Resolución 8/2025, otorgando medidas cautelares a favor de Víctor Manuel Borjas Albornoz y Manuel Alejandro Muñoz Camacho, tras evaluar su situación como de gravedad y urgencia. La institución considera que los derechos a la vida e integridad personal de ambos activistas enfrentan un riesgo de daño irreparable en Venezuela.
La solicitud de medidas cautelares fue presentada en el contexto de las manifestaciones nacionales en Venezuela, donde se reporta que Borjas y Muñoz, reconocidos activistas políticos y de derechos humanos, fueron detenidos el 9 de enero de 2025 por autoridades de seguridad del Estado. Desde su detención, no se tiene conocimiento de sus paraderos ni han podido comunicarse con sus familiares o representantes legales. El Estado venezolano, por su parte, no ha proporcionado información relevante a la CIDH sobre estos casos.
Al analizar las alegaciones presentadas, la CIDH determinó que los beneficiarios se encuentran en situación de riesgo, sin información disponible sobre su paradero ni medidas estatales para mitigar este riesgo. En virtud del Artículo 25 del Reglamento de la CIDH, se ha solicitado al Estado venezolano que:
- Adopte medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de los activistas. Esto incluye la obligación de informar oficialmente sobre su custodia y circunstancias de detención.
- Garantice que las condiciones de detención cumplan con estándares internacionales, asegurando contacto regular con familiares y acceso a abogados y representantes.
- Informe sobre la situación jurídica de los detenidos, explicando las razones de su continua detención y si han sido presentados ante un tribunal.
- Concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes.
- Investigue los hechos que motivaron la presente resolución para evitar su repetición.
Es importante destacar que el otorgamiento de la medida cautelar y su implementación por parte del Estado no implica un juicio previo sobre posibles violaciones a los derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos aplicables.
La CIDH, un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), tiene como mandato la promoción y defensa de los derechos humanos en la región. Actuando como órgano consultivo de la OEA, la Comisión está compuesta por siete miembros independientes, elegidos por la Asamblea General de la OEA, quienes no representan a sus países de origen ni de residencia.
