La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha adoptado la Resolución 15/2025, mediante la cual se otorgan medidas cautelares en favor de Daniel García Morillo, un activista político y defensor de derechos humanos en Venezuela. La Comisión determinó que García Morillo se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos fundamentales en el país.
Según la información proporcionada por la parte solicitante, Daniel García Morillo es el coordinador del partido Vente Venezuela en la parroquia Manuel Dagnino, en Maracaibo. El 9 de enero de 2025, fue detenido por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana en Maracaibo, estado Zulia, y desde entonces su paradero es desconocido. Además, se ha informado que García Morillo sufre de Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI), un trastorno hemorrágico que requiere atención médica constante.
La familia de García Morillo había recibido información que sugería que podría estar detenido en el Comando de la Guardia Nacional de Maracaibo. Sin embargo, esta información no ha sido corroborada, ya que los funcionarios han negado reconocer la detención, así como las condiciones en las que se encuentra, su situación jurídica y su estado de salud actual. También se reporta que su madre mencionó que su hijo está aislado e incomunicado. Hasta el momento, el Estado venezolano no ha proporcionado información al respecto.
En su análisis, la CIDH destacó la excepcional vulnerabilidad de García Morillo debido a la falta de respuesta oficial y la imposibilidad de su familia de conocer su ubicación o estado de salud. La Comisión hizo hincapié en que en el contexto actual, los familiares no cuentan con opciones para solicitar medidas de protección a nivel interno o para asegurar las acciones necesarias para localizar al beneficiario.
La Comisión, basándose en el artículo 25 de su Reglamento, solicitó a Venezuela que adopte medidas urgentes para proteger los derechos a la vida e integridad personal de García Morillo. Entre las solicitudes se incluyen:
- Revelar si García Morillo está bajo custodia del Estado, los cargos que se le imputan y la autoridad judicial involucrada.
- Asegurar que las condiciones de detención sean compatibles con los estándares internacionales, garantizando el contacto regular con sus familiares, abogados y representantes.
- Informar oficialmente sobre su situación jurídica y las razones para su detención continua.
- Proveer una valoración médica inmediata y acceso a la atención médica necesaria.
- Coordinar las medidas a implementar con García Morillo y sus representantes.
- Informar sobre las acciones emprendidas para investigar los eventos que llevaron a esta resolución y prevenir su recurrencia.
La CIDH, como órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), tiene el mandato de promover y defender los derechos humanos en la región, actuando como consultor de la OEA en esta materia. Está compuesta por siete miembros independientes elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal.
El otorgamiento de estas medidas cautelares y su aceptación por parte del Estado venezolano no deben interpretarse como un prejuzgamiento sobre una potencial violación de derechos protegidos en instrumentos aplicables del Sistema Interamericano.
