La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), destacando las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen de Nicolás Maduro en el contexto electoral y poselectoral en Venezuela. El informe, presentado por Gloria de Mees, relatora de la CIDH para Venezuela, pone de manifiesto las «estrategias represivas» desplegadas antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, que vieron la elección del opositor Edmundo González Urrutia como presidente.
Según el informe, la primera etapa de represión se desarrolló entre el 1 de enero y el 27 de julio de 2024. Durante este periodo, el régimen intentó frenar una contienda electoral libre mediante la prohibición de inscripciones de candidaturas opositoras y la inhabilitación política de figuras clave como María Corina Machado. Además, se establecieron «obstáculos discriminatorios» que complicaron el ejercicio del voto para los venezolanos en el exterior, excluyendo a aproximadamente cinco millones de ciudadanos del padrón electoral.
El régimen retiró invitaciones a misiones internacionales de observación electoral, incluida la Unión Europea (UE), e impuso «severas restricciones» a la libertad de prensa. También se desencadenó una ola de detenciones arbitrarias y hostigamiento hacia opositores, especialmente contra el comando de campaña de María Corina Machado.
La segunda fase de las tácticas represivas incluyó una «estrategia para manipular los resultados». El informe destaca la proclamación de Nicolás Maduro como ganador, sin «transparencia electoral». Las auditorías fueron suspendidas y las actas de votación no fueron publicadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), órgano bajo control chavista. El Panel de Expertos Electorales de la ONU denunció la falta de transparencia en el proceso.
A pesar de esto, la oposición logró recolectar el 83,5% de las actas a nivel nacional, demostrando el triunfo de González Urrutia con más de siete millones de votos.
Tras los comicios, el régimen intensificó la represión ante las aproximadamente 300 manifestaciones espontáneas que denunciaron fraude electoral. El informe de la CIDH destaca el uso de «patrones de terrorismo de estado», incluyendo desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y asesinatos en la llamada ‘Operación Tun-Tun’, resultando en 25 manifestantes muertos y más de 2,000 detenciones arbitrarias.
Las violaciones incluyeron allanamientos sin orden judicial, redadas en barrios populares y cancelación de pasaportes, además de «obstáculos significativos» al ejercicio periodístico, con procesos judiciales y sanciones penales contra periodistas.
El informe concluye con un llamado de atención sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, afirmando que «no hay garantía de los derechos humanos en Venezuela».
