El Gobierno del expresidente Donald Trump autorizó ataques letales contra presuntos narcotraficantes en América Latina, basándose en una opinión legal secreta emitida por la Oficina de Asesoría Legal (OLC) del Departamento de Justicia de EE. UU. Así lo reveló la cadena CNN, que accedió a testimonios y documentos confidenciales que sustentan esta política.
El informe indica que el documento legal, nunca antes reportado, otorga al presidente amplias facultades para utilizar fuerza militar letal contra personas vinculadas al narcotráfico, al considerarlas «combatientes enemigos» que representan una amenaza inminente para la seguridad nacional. Esta interpretación va más allá de los grupos oficialmente designados como organizaciones terroristas.
Según CNN, esta política justificó una serie de operaciones militares en el Caribe, incluida la destrucción de embarcaciones supuestamente vinculadas a cárteles, con al menos cuatro fallecidos en el último ataque reportado. Las acciones se enmarcan en una declaración formal del Departamento de Defensa al Congreso, que sostiene que Estados Unidos se encuentra en un “conflicto armado” con los cárteles de la droga.
Uno de los casos más destacados fue una operación contra una embarcación que, según el propio Trump, transportaba narcóticos desde Venezuela. En su red Truth Social, el expresidente compartió imágenes del ataque, reafirmando su compromiso con la «guerra contra las drogas».
La secretaria de Justicia, Pam Bondi, deberá comparecer próximamente ante el Congreso para responder sobre la legalidad y alcance de esta política. Hasta ahora, ni el Departamento de Justicia ni el Pentágono han entregado al Congreso una copia del dictamen legal.
La cadena CNN también informó que la CIA recibió nuevas facultades para llevar a cabo acciones encubiertas y operaciones letales contra cárteles en Latinoamérica. Se trata de una ampliación de poderes impulsada por Trump mediante una directiva presidencial secreta firmada este verano. Actualmente, drones de vigilancia —y potencialmente armados— ya sobrevuelan regiones de México y el Caribe.
Aunque abogados militares han expresado reservas legales sobre esta doctrina, la opinión de la OLC prevalece como la interpretación legal oficial del poder ejecutivo. Algunos expertos advierten que esta política puede sentar un peligroso precedente al eliminar protecciones legales históricas para personas acusadas de narcotráfico, tratándolas como enemigos en un teatro de guerra.
CNN señala que esta doctrina también presenta riesgos diplomáticos y jurídicos, especialmente si ciudadanos estadounidenses o residentes legales resultan heridos en ataques dirigidos por la CIA o las Fuerzas Armadas en territorio extranjero.
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