Colombia recibió este sábado a varios cientos de nacionales que fueron deportados desde Ecuador, cruzando a pie el puente de Rumichaca, lo que generó una protesta diplomática de Bogotá por considerar que el operativo se realizó de forma unilateral y sin previo aviso.
El gobierno ecuatoriano, encabezado por el presidente Daniel Noboa, implementó esta medida como parte de un esfuerzo por descongestionar las cárceles del país, que actualmente están bajo control militar debido a enfrentamientos entre bandas narcotraficantes rivales. Desde 2021, cerca de 500 reclusos han muerto en estos enfrentamientos. Noboa, desde su asunción en noviembre de 2023, ha buscado reducir la población carcelaria de Ecuador, que antes de su gestión ascendía a 39,000 presos cuando la capacidad es para 30,000. En enero de este año, esta cifra se redujo a 31,000.
La Cancillería de Colombia informó que aproximadamente 450 colombianos «expulsados» por Ecuador habían cruzado el puente de Rumichaca, la principal conexión entre ambos países. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) de Ecuador indicó en un comunicado que está en proceso la deportación de 700 colombianos, de los cuales se estima que había alrededor de 1,500 en las cárceles ecuatorianas.
«Esta acción reafirma el compromiso del Estado ecuatoriano con la seguridad interna y el orden público», expresó el organismo.
Previamente, la gobernadora de la provincia ecuatoriana de Carchi, Diana Pozo, anunció a los medios que «han sido deportados más de ochocientos» colombianos. Bajo la supervisión de policías y militares ecuatorianos, los reclusos, vestidos con uniformes naranjas, hicieron fila para ingresar a Colombia. Durante la madrugada, algunos deportados realizaron ejercicios físicos para combatir el frío andino, exclamando «Queremos pasar, queremos pasar» mientras aguardaban la recepción por parte de las autoridades colombianas.
En el lado colombiano del puente, en el municipio de Ipiales, Juan Ramírez compartió su experiencia tras permanecer 15 meses en la penitenciaría de Latacunga, donde la alimentación era escasa. «Fue dura esa odisea allá adentro. Más de uno de mis compañeros murió de hambre», relató. «Nos expulsaron para Colombia y acá estamos. Ya por lo menos nos trajeron, nos tiraron acá. Ni siquiera Migración de Colombia sabía que veníamos para acá, eso fue de un momento a otro imprevisto», añadió.
La cancillería colombiana presentó una nota de protesta diplomática ante Quito, calificando la deportación como «unilateral» e «incumpliendo» el derecho internacional. El alcalde de Ipiales, Amilcar Pantoja, indicó que los presos quedarán libres si no tienen procesos judiciales pendientes en Colombia.
Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia comunicó que Quito había iniciado la deportación sin atender las «respetuosas y reiteradas» solicitudes para establecer un protocolo previo, describiendo la medida como un «gesto inamistoso». Bogotá envió a su canciller encargada, Rosa Villavicencio, a Rumichaca para gestionar la situación.
Ecuador, por su parte, afirmó que las deportaciones fueron anunciadas a Bogotá desde el 8 de julio y se desarrollaron con «respeto a los derechos humanos» y tras una revisión individual de cada caso, rechazando las acusaciones de deportación colectiva.
El presidente Noboa había expresado en 2024 su deseo de deportar a reos colombianos para aliviar la carga en las prisiones ecuatorianas. Desde abril, comenzaron a trasladarse pequeños grupos hasta la frontera. Su homólogo colombiano, Gustavo Petro, manifestó su desacuerdo, subrayando la necesidad de un plan conjunto para garantizar el respeto a los derechos de los deportados.