Un tribunal de Australia ha acusado formalmente este jueves a una ciudadana colombiana de 35 años de someter a un grupo de venezolanos a servidumbre forzada. Esta es la segunda persona de nacionalidad colombiana implicada en este caso, según informó la Policía en un comunicado.
La detención de la mujer tuvo lugar en su residencia en la ciudad de Adelaida, donde ya había sido arrestado anteriormente un varón de 38 años, también colombiano, por cargos similares. Este hombre fue acusado el pasado 15 de noviembre, enfrentándose a delitos que podrían conllevar penas de hasta 20 años de cárcel.
El tribunal afirmó que la acusada estuvo involucrada en el «trato continuo y degradante» hacia otros residentes que compartían la misma propiedad. Este trato incluyó «control diario de las víctimas mediante el seguimiento de sus movimientos, restricción de actividades diarias, programación de tareas obligatorias, control de ingresos y la imposición de deudas de manera irrazonable», destaca el comunicado.
Ambos acusados mantenían vínculos con jóvenes venezolanos, de un número no especificado, a quienes habían asistido en su migración desde Venezuela a Australia en 2015. A partir de ese momento, se les habrían retirado los pasaportes y sometido a servidumbre forzada.
Las investigaciones policiales, iniciadas a principios de este año, revelaron que los implicados presuntamente encerraron a algunos miembros del grupo dentro de la vivienda y en armarios durante varios días. La detective superintendente de la Policía Federal Australiana, Melinda Adam, señaló que «las prácticas de servidumbre, incluida la servidumbre por deudas, ocurren cuando las personas están sujetas a condiciones no consentidas. Las víctimas pueden ser privadas de su libertad personal, y a menudo se utilizan amenazas, coerción o engaño contra ellas».
Este caso pone de manifiesto una problemática persistente en cuanto a la explotación laboral de migrantes, subrayando la importancia de la labor policial para combatir estas prácticas ilegales. Las autoridades continúan las investigaciones para determinar el alcance total de las actividades de los acusados y asegurar la protección de las víctimas involucradas.
EFE
