La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela ha presentado un exhaustivo informe que arroja luz sobre las graves violaciones de derechos humanos y delitos que tuvieron lugar en Venezuela entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024. Este informe ofrece un análisis detallado del contexto, los hechos y el marco jurídico subyacente a estos eventos, centrándose en los actos de represión en el período crítico previo y posterior a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
El estudio de la Misión se centra en los actos de represión que marcaron la atmósfera política en vísperas de las elecciones. Con un trasfondo de protestas masivas que siguieron al anuncio de la victoria del Presidente Maduro por parte del Consejo Nacional Electoral, se documenta la violenta respuesta de los cuerpos de seguridad y grupos de civiles armados ligados al Gobierno.
En los diez meses previos a las elecciones, se observaron numerosos actos de represión selectiva, específicamente dirigidos a líderes políticos de la oposición y figuras prominentes de la sociedad civil. Entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, al menos 48 personas, entre civiles y militares, fueron detenidas bajo acusaciones relacionadas con supuestas conspiraciones, como la llamada operación Brazalete Blanco. Durante la campaña, se registró la detención de otras 121 personas por su participación en actividades de oposición.
El informe ofrece un análisis detallado de la Operación Brazalete Blanco, destacando sus implicaciones en derechos humanos y su utilización como pretexto para la represión de militares, políticos y activistas de la sociedad civil. Estos casos son ilustrados mediante 19 fichas que describen de manera pormenorizada las experiencias de individuos afectados por estas violaciones.
La Misión concluye que las acciones del gobierno venezolano en este periodo no solo fueron sistemáticas sino también constitutivas de violaciones graves de derechos humanos. Estos hallazgos subrayan la necesidad de una atención internacional urgente y la adopción de medidas para proteger y promover los derechos humanos en el país. La comunidad internacional es llamada a prestar atención a estas conclusiones y a considerar acciones que contribuyan a restaurar los derechos fundamentales y la justicia en Venezuela.
