La reciente operación militar estadounidense en el Caribe que terminó con el bombardeo de sobrevivientes de una narcolancha el 2 de septiembre ha reavivado el debate sobre la legalidad de las acciones de la administración Trump. Durante una sesión conjunta del Comité de Fuerzas Armadas del Congreso, congresistas recibieron acceso exclusivo a un video del ataque, aún oculto al público, que muestra a dos supervivientes siendo alcanzados por un misil mientras intentaban comunicarse por radio.
El legislador demócrata Jim Himes calificó las imágenes como “una de las cosas más inquietantes” de su carrera, denunciando que “cualquier estadounidense diría que estamos atacando a marineros náufragos”.
El almirante Frank Bradley, quien supervisó la operación, admitió que decidió personalmente el segundo lanzamiento al considerar que los hombres mostraban “intenciones criminales”. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aclaró que nunca ordenó “matar a todos” y que no hubo instrucciones directas desde el Pentágono.
La falta de transparencia fue otro punto crítico. Mientras el video del ataque en el Caribe permaneció oculto, Hegseth difundió inmediatamente otro hundimiento ocurrido en el Pacífico Este, con cuatro muertos más, elevando a 87 el total de fallecidos en operaciones recientes. La Casa Blanca describió estas maniobras como “operaciones cinéticas letales”, término que resume la estrategia de Trump en la región.
El Congreso permanece dividido. El senador conservador Tom Cotton defendió la legalidad de los ataques y destacó la desvinculación de Hegseth en la decisión final. Otros, como el representante Don Bacon, exmilitar, cuestionaron la acción: “Aún me preocupa. Esas dos personas intentaban sobrevivir, y nuestras normas de guerra no permiten matar a supervivientes”.
Para Himes y el líder demócrata Jack Reed, las imágenes confirman temores sobre la naturaleza de la campaña militar y apuntan a posibles crímenes de guerra. Desde el incidente, EE. UU. ha realizado al menos 21 hundimientos más, en su mayoría en el Caribe y algunos en el Pacífico, mientras analistas señalan que la escalada también busca presionar al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
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