Corte Suprema de EE.UU. permite a la administración Trump eliminar el TPS para venezolanos

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Publicada: mayo 19, 2025
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La Corte Suprema de los Estados Unidos ha otorgado el visto bueno al Gobierno de Donald Trump para acabar con el Estatus de Protección Especial (TPS) que protege de la deportación a más de 350.000 inmigrantes venezolanos. Esta decisión, tomada por un tribunal de mayoría conservadora, responde a una solicitud de emergencia del Gobierno para continuar con la revocación de la medida instaurada al final del mandato del expresidente demócrata Joe Biden, quien había extendido esta protección temporal.

El reciente anuncio de la Corte Suprema señala una división interna, ya que la jueza progresista Ketanji Brown Jackson expresó su oposición. Aunque el caso sigue en litigio en tribunales inferiores, la decisión del alto tribunal abre la puerta a la posible deportación de miles de inmigrantes. La justificación inicial para el TPS, otorgado por Biden, respondía a la situación de inestabilidad política en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro. La designación permitía a los ciudadanos venezolanos obtener un estatus legal y permisos de trabajo por hasta 18 meses, con posibilidad de prórrogas.

El tema en cuestión ante la Corte Suprema se refiere a una designación realizada en octubre de 2023 y extendida hasta octubre de 2026. Sin embargo, tras asumir el cargo, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció la revocación de esta extensión, lo que habría puesto fin a las protecciones en abril, afectando a 350.000 venezolanos.

Un juez del Distrito Norte de California había bloqueado esta medida, citando preocupaciones de que la decisión pudiera basarse en animadversiones raciales. Esta suspensión fue respaldada posteriormente por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito. En respuesta, el Gobierno apeló ante la Corte Suprema. Según el procurador general, D. John Sauer, las cortes carecen de jurisdicción para revisar la decisión de Noem, argumentando que “la orden judicial contraviene las prerrogativas fundamentales del poder ejecutivo”.

Por otro lado, la Alianza Nacional de TPS y varios defensores venezolanos sostienen que el Gobierno pretende evadir la revisión judicial sobre el alcance de sus poderes. En sus declaraciones, aseguran que «debería ser irrelevante que los tribunales federales digan cuál es la ley», subrayando la importancia de la revisión judicial en estos asuntos.

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