La Fiscalía de la Corte Penal Internacional concluyó que no existe una base razonable para vincular las medidas coercitivas con crímenes de lesa humanidad.
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) determinó este jueves que «no existe una base razonable» para investigar las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Venezuela bajo la acusación de constituir crímenes de lesa humanidad.
Esta resolución corresponde a la denominada «Situación en Venezuela II», abierta tras una remisión presentada por el gobierno venezolano en 2020. En dicha remisión, se denunciaba que las «medidas coercitivas» estadounidenses habrían provocado asesinatos, persecuciones, deportaciones y otros actos inhumanos.
Tras un examen preliminar, la Fiscalía de la CPI concluyó que las pruebas disponibles no permiten establecer una relación de «causalidad e intención» suficiente entre las sanciones y los delitos alegados por Caracas. La oficina del fiscal indicó que la información analizada tampoco demuestra que dichos actos se hayan cometido con la intención requerida para configurar crímenes dentro de la jurisdicción de la Corte.
El tribunal ha notificado la decisión a las autoridades venezolanas y a la Sala de Cuestiones Preliminares. Caracas dispone ahora de un plazo de 90 días para solicitar la revisión de esta decisión.
La Fiscalía subrayó que esta determinación no afecta a otra investigación en curso, conocida como «Venezuela I», la cual se centra en presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país desde al menos 2014, particularmente en el contexto de detenciones.
Asimismo, la Fiscalía aclaró que la decisión «tampoco está relacionada con los acontecimientos de enero de 2026 en Venezuela», en referencia a la operación estadounidense que derivó en la captura del ex dictador acusado de narcoterrorismo, quien gobernó Venezuela durante más de 12 años y se encuentra arrestado en Estados Unidos desde entonces, a la espera de juicio por sus supuestos vínculos con el narcotráfico.
El Nacional.-
