Un informe de Cubalex, publicado hoy, revela que el régimen cubano no solo reprime a activistas y opositores, sino que ha optado por invadir el ámbito familiar en su intento de silenciar a los disidentes. La organización independiente detalla cómo el Estado utiliza expulsiones forzadas, vigilancia constante, amenazas a la custodia de hijos menores y restricciones a las visitas familiares para debilitar emocionalmente a los disidentes, extendiendo el sufrimiento a sus seres queridos.
Cubalex documenta en este informe las circunstancias de las recientes detenciones de José Daniel Ferrer y Félix Navarro, tras la revocación de su libertad condicional. En el caso de Ferrer, el informe describe cómo su esposa, Nelva Ismarays Ortega, y su hijo pequeño fueron sacados violentamente de su hogar en Santiago de Cuba por agentes de la Seguridad del Estado. Al niño, sin permitirle asearse, lo llevaron con la ropa orinada, mientras que a su esposa apenas le permitieron recoger los medicamentos que necesitaba, ambos trasladados a una supuesta «casa de protección para menores». Allí, Nelva fue amenazada con perder la custodia de su hijo.
La organización señala que el Estado cubano utiliza de forma discrecional el Código de las Familias para emplear a los hijos como herramienta de presión política, amenazando a los padres con retirarlos de su cuidado. Cubalex resalta que estos actos constituyen una violación directa del derecho al respeto de la vida privada y familiar, garantizado por el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
La detención de Navarro el pasado 29 de abril fue, según Cubalex, un acto premeditado, coincidiendo con el día en que él y su esposa, Sonia Álvarez, planeaban visitar a su hija, la presa política Saylí Navarro. Anteriormente, Félix Navarro había sido detenido siete domingos consecutivos simplemente por asistir a misa, siempre en presencia de su esposa y con agentes de la policía política grabando todo el proceso de arresto.
Cubalex advierte que esta filmación recurrente constituye una forma de vigilancia arbitraria que vulnera el derecho a la privacidad, al realizarse sin orden judicial ni fundamento legal, no persiguiendo la transparencia, sino intimidar y registrar conductas para justificar futuras represalias. La ONG también denuncia el impacto emocional infligido a Sonia Álvarez, quien se convirtió en víctima del castigo infligido a su familia por ejercer derechos fundamentales.
La organización concluye que lo sucedido durante las detenciones de Ferrer y Navarro son graves violaciones de los derechos humanos, destacando que «el hogar deja de ser un refugio», convirtiéndose la familia en blanco de la represión estatal.
Navarro y Ferrer, entre otros 500 reclusos, habían sido excarcelados en enero como parte de negociaciones del régimen con el Vaticano. De estos, unos 200 correspondían a presos políticos, quienes continúan siendo hostigados por el régimen, según el informe de Cubalex.
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