Este miércoles, la defensa del ex dictador acusado de narcoterrorismo y su esposa, Cilia Flores, presentó formalmente una moción ante un juez federal en Nueva York. La solicitud busca obtener acceso y la facultad de compartir pruebas del caso con otros coacusados que permanecen prófugos, entre ellos Diosdado Cabello, Nicolás Maduro Guerra y Ramón Rodríguez Chacín.
El documento, al que tuvo acceso NTN24, solicita una excepción a la orden de protección previamente requerida por la fiscalía, la cual busca resguardar a los testigos ante el riesgo de represalias. La defensa argumenta que restringir el acceso a la evidencia «maniataría la capacidad de investigación» de los abogados, señalando que la acusación vincula al ex dictador acusado de narcoterrorismo con los individuos mencionados en 19 delitos alegados.
Según el escrito presentado ante el juez Alvin Hellerstein, «es imposible preparar una defensa que sea completa sin consultarles», dado que la acusación vincula al ex dictador acusado de narcoterrorismo con estos individuos. Entre los nombres de coacusados prófugos mencionados en el documento figuran Diosdado Cabello, Nicolás Maduro Guerra, Ramón Rodríguez Chacín y Héctor Ruchtenford Guerrero Flores.
La defensa subraya que 13 de los 19 actos manifiestos alegados en la acusación se relacionan con al menos uno de estos individuos prófugos. La acusación hace referencia a Cabello en siete actos, a Rodríguez Chacín en dos, a Maduro Guerra en tres y a Guerrero Flores en uno. La cuarta acusación sustitutiva alega una conspiración entre el ex dictador acusado de narcoterrorismo, Cilia Flores y estos cuatro individuos, con una duración estimada entre 1999 y 2025.
Los abogados proponen un párrafo alternativo que permitiría compartir materiales «para fin de defender esta acción y cuando el individuo tenga un interés común con el acusado». Esta excepción facilitaría la consulta con los coacusados no aprehendidos para identificar posibles testigos o evidencia relevante.
Esta solicitud se contrapone directamente a la postura de la Fiscalía, la cual busca evitar que dicha información llegue a los coacusados prófugos debido al riesgo de represalias contra testigos o manipulación del proceso judicial. El fiscal Kyle Wirshba y su equipo argumentan que entregar documentos a quienes denominan «coconspiradores es un peligro real y presunto».
El Departamento de Justicia ha advertido que, si los acusados no aprehendidos utilizaran el material para identificar testigos del gobierno, «ellos y sus familiares podrían ser detenidos sin recurso alguno bajo la apariencia de una acción legítima de las fuerzas del orden venezolano».
La decisión sobre esta moción recae ahora en el juez, quien deberá ponderar los argumentos de la defensa y las preocupaciones expresadas por la Fiscalía y el Departamento de Justicia.
El Nacional.-
