El presidente electo, Edmundo González Urrutia, ha elevado su voz ante la comunidad internacional al denunciar el lunes, ante Human Rights Watch (HRW), las graves violaciones de derechos humanos que acontecen en Venezuela, haciendo hincapié en el alarmante aumento de desapariciones forzadas.
Durante una reunión sostenida con Juan Pappier, subdirector de la División de las Américas de HRW, y Tomás Arias, abogado del Comando con Venezuela, González subrayó que esta práctica se ha consolidado como un mecanismo de represión para silenciar a opositores, manifestantes, defensores de derechos humanos y periodistas.
«Discutimos en profundidad el alarmante incremento de las desapariciones forzadas en los últimos meses, una táctica utilizada para reprimir y silenciar a la oposición y a la sociedad civil», expresó el líder opositor a través de la red social X. Estas desapariciones, explicó, implican detenciones arbitrarias y períodos de incomunicación, violando derechos fundamentales y fomentando un clima de impunidad.
El presidente electo destacó la relevancia del próximo informe de HRW, que documentará estos abusos, y reafirmó su compromiso de trabajar con organismos internacionales para denunciar estas violaciones y exigir justicia para las víctimas y sus familias. «Seguiremos trabajando incansablemente, junto a organizaciones como Human Rights Watch, para denunciar estos abusos y buscar justicia para las víctimas y sus familias», afirmó González.
La situación es aún más personal para González, ya que su yerno, Rafael Tudares Bracho, ha sido víctima de desaparición forzada. El 7 de enero, mientras llevaba a sus hijos a visitar a su abuela, fue interceptado por hombres encapuchados y desde entonces su paradero es desconocido.
El contexto internacional también es crucial. El último informe de Human Rights Watch concluyó que con la juramentación de Nicolás Maduro como líder de facto de Venezuela el pasado 10 de enero, el autoritarismo se consolidó en el país. Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, señaló que el régimen ha intensificado la represión para mantenerse en el poder, eliminando cualquier espacio para la disidencia.
La organización subraya que el proceso electoral del 28 de julio estuvo plagado de irregularidades. El Consejo Nacional Electoral se negó a presentar las actas de escrutinio que respaldaran los resultados oficiales, mientras observadores internacionales, incluidos expertos de Naciones Unidas y el Centro Carter, expresaron serias dudas sobre la legitimidad del proceso. Datos de la oposición indican que el verdadero vencedor de las elecciones fue el candidato Edmundo González.
La publicación de los resultados provocó protestas en varias ciudades, exigiendo transparencia en el conteo de votos. Sin embargo, las manifestaciones fueron reprimidas con violencia por las fuerzas de seguridad y colectivos, resultando en al menos 23 personas asesinadas y decenas de detenciones arbitrarias, incluyendo a adolescentes.
Este panorama representa un desafío continuo para la comunidad internacional que busca abordar la crisis en Venezuela y apoyar las voces que abogan por el cambio y la justicia.
