El Caucus Hispano del Congreso (CHC) de Estados Unidos ha denunciado las «condiciones crueles e infrahumanas» que, según sus integrantes, se viven en los centros de detención de migrantes administrados durante el gobierno de Donald Trump. La denuncia se realizó tras visitas sin previo aviso a estas instalaciones por parte de legisladores, entre ellos el líder del CHC, Adriano Espaillat, y la congresista demócrata de Nueva York Nydia Velázquez.
Velázquez describió estos centros como «cárceles con fines de lucro» donde, afirma, no se respetan los derechos constitucionales. «Lo que nosotros y nuestros compañeros presenciamos fue un sistema utilizado para castigar a las personas simplemente por ser inmigrantes», añadió.
Por su parte, la congresista de Texas Sylvia García, quien visitó una instalación en Houston, manifestó su preocupación sobre el uso del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) al describirlo como una «unidad policial secreta» que detiene a inmigrantes de manera sorpresiva. García detalló que, en uno de los centros visitados, de las 800 personas detenidas, solo 10 habían cometido algún crimen, mientras que el resto estaban libres de cargos.
Además, los legisladores señalaron haber encontrado deficiencias médicas y relatos de amenazas y abusos. Un caso particular citado fue el de una mujer rusa que debería haber sido deportada hace un año, pero continúa detenida.
Actualmente, alrededor de 50.000 personas están recluidas en los centros del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), con más de 12.000 en el estado de Texas. Velázquez destacó el contrastante gasto con 3.400 millones de dólares en los centros de inmigración frente a los 840 millones destinados al sistema judicial para inmigrantes.
En paralelo, más de un centenar de migrantes en el Centro de Detención de Krome, en Miami, protestaron por el hacinamiento formando un SOS visible desde el aire. Según el consultor de la Florida Immigrant Coalition, Thomas Kennedy, el centro opera al 300 % de su capacidad, albergando a 1.700 personas en un espacio diseñado para 600.
Estas denuncias y situaciones reflejan el desafío continuo en el manejo de la política migratoria en Estados Unidos, mientras los legisladores demócratas planean combatir en las cortes las políticas ejecutivas actuales que consideran inconstitucionales.
