La industria de bienes raíces en Estados Unidos enfrenta desafíos significativos debido a políticas clave implementadas por el gobierno del presidente Donald Trump, centradas en imposición de aranceles y deportaciones masivas. Estas medidas están elevando los costos de construcción y podrían agudizar la crisis de asequibilidad de la vivienda.
El presidente Trump ha establecido aranceles del 25% sobre el acero y aluminio importados a EE.UU. Sin embargo, no son los únicos materiales afectos a la guerra comercial. La Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (NAHB) estima que el 7% de los materiales utilizados en la construcción de viviendas familiares son importados. Un caso notable es la madera blanda, de la cual aproximadamente el 30% proviene de Canadá. El Departamento de Comercio de EE.UU. planea aumentar los gravámenes antidumping sobre esta madera de un 14,4% a un 34,45%, en el contexto de una disputa histórica sobre subsidios a la industria maderera canadiense.
El incremento de aranceles podría elevar los costos de materiales en miles de millones de dólares. Según Robert Dietz, economista jefe de la NAHB, esto dificultará aún más la asequibilidad de la vivienda. El reciente Índice del Mercado de la Vivienda NAHB/Wells Fargo muestra que los costos de materiales han aumentado un 6,3% en promedio, debido a estos aranceles, incrementando el costo promedio de cada vivienda en US$ 10.900.
Más de un tercio de los trabajadores de la construcción en EE.UU. nacieron fuera del país, y casi una cuarta parte son indocumentados. Michael Clemens, profesor de la Universidad George Mason, ha destacado el papel crucial de estos trabajadores en la industria de la construcción. Las deportaciones masivas podrían reducir significativamente la disponibilidad de mano de obra, afectando la producción y los costos en toda la cadena de suministro.
Clemens ha señalado que la retórica anti-inmigratoria del gobierno no refleja las necesidades reales del mercado laboral. Pese a la demanda urgente de viviendas, se estima una escasez de cerca de 300.000 trabajadores por mes en el sector, y 1,5 millones de unidades adicionales son necesarias para satisfacer las necesidades actuales.
Varios empresarios han solicitado un aumento en las visas H-2B, destinadas a trabajadores temporales no agrícolas. Aunque la administración Trump ha sugerido medidas de protección para trabajadores agrícolas, no han abordado el sector de la construcción. Los desarrolladores y empleadores continúan adaptándose a este entorno regulatorio incierto, donde las políticas migratorias y comerciales impactan directamente en su capacidad operativa.
En conclusión, las decisiones gubernamentales actuales sobre aranceles y deportaciones presentan desafíos significativos para la industria de la construcción en EE.UU., en un contexto donde la asequibilidad de la vivienda se ve cada vez más comprometida.
CNN
