El grupo de derechos humanos Cristosal, que brinda asistencia a familias de migrantes venezolanos detenidos en El Salvador, denunció la detención de su dirigente Ruth Eleonora López. La reconocida abogada y activista de 47 años fue arrestada el domingo por la noche tras una orden de la Fiscalía que la acusa de «peculado» durante su tiempo en el tribunal electoral hace una década. La Fiscalía de El Salvador confirmó la detención administrativa a través de la red social X.
Ruth Eleonora López, quien lidera la unidad Anticorrupción y Justicia de Cristosal, es conocida por su postura crítica ante la política de seguridad del presidente Nayib Bukele. Desde su arresto, ni su familia ni su equipo legal han podido confirmar su ubicación o el centro de detención donde se encuentra, según un comunicado emitido por Cristosal.
La detención de López se produce en un contexto de «profunda preocupación» por los desafíos que enfrentan los defensores de derechos humanos en El Salvador, denunciado por Cristosal como un escenario de «debilitamiento institucional y represión». La organización asiste tanto a las familias de los migrantes venezolanos detenidos como a las de personas inocentes arrestadas en la «guerra» contra las pandillas lanzada por el presidente Bukele en 2022.
A raíz de una reciente denuncia por parte de los abogados de los migrantes venezolanos, que indicaron que sus clientes son víctimas de «torturas físicas» y «morales», López fue arrestada dos días después. Cristosal había implementado una aplicación en línea para recoger información de los familiares de los venezolanos detenidos, concluyendo que el 78% emigró en busca de «mejores oportunidades económicas», un 35% para escapar de la violencia y un 9% debido a persecución política.
El arresto de López se suma a otros incidentes recientes en el país, como la detención del abogado ambientalista Alejandro Henríquez y el pastor evangélico José Pérez durante una protesta de familias campesinas la semana pasada, además del activista de derechos humanos Fidel Zavala en febrero.
Cristosal informó que el 28 de abril, agentes policiales ingresaron a su sede durante una conferencia de prensa y registraron las instalaciones, lo que fue calificado como parte de un «contexto de autoritarismo y cierre de espacios democráticos» en El Salvador. La comunidad internacional, incluidas organizaciones como Amnistía Internacional, ha criticado las medidas del gobierno de Bukele, en particular un proyecto de ley sobre «agentes extranjeros» que impondría un impuesto del 30% a las donaciones recibidas por ONG.
AFP
