El gobierno de Ecuador manifestó inquietud este martes ante la «desaparición» del director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, en Venezuela, reafirmando su compromiso con la protección y promoción de la libertad de expresión. A través del Ministerio de Relaciones Exteriores, la administración ecuatoriana cuestionó «dónde está Carlos Correa» en el contexto de un encuentro en Quito con el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca.
Durante la reunión, la ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, discutió el caso de Correa con Vaca, según informó la Cancillería ecuatoriana en redes sociales. En este intercambio, se destacó la importancia de impulsar mecanismos que garanticen la seguridad de los profesionales de la comunicación, alineados con los estándares internacionales de derechos humanos, y se subrayó la necesidad de fortalecer la colaboración con la Relatoría Especial para lograr este objetivo.
La desaparición de Correa fue denunciada por la ONG Espacio Público, que afirmó que, según testigos, Correa fue interceptado en el centro de Caracas por presuntos funcionarios encapuchados. Coincidentemente, el mismo día se reportó la detención de siete políticos opositores, entre ellos, el excandidato presidencial Enrique Márquez, así como el «secuestro» de Rafael Tudares, yerno del líder Edmundo González Urrutia.
El secretario general de la ONU, António Guterres, manifestó el miércoles su «profunda preocupación» por la «detención arbitraria y persecución» de opositores y sus familiares en Venezuela. La Unión Europea (UE) también instó a la liberación «inmediata» de todos los presos políticos en el país.
En el marco de una visita programada para los días 14 y 15 de enero, el relator Pedro Vaca se reunirá con diversas autoridades estatales para analizar los avances y desafíos en materia de libertad de expresión y protección del periodismo en Ecuador. Sin embargo, el gobierno de Noboa ha enfrentado críticas por supuestamente no respetar la libertad de expresión, especialmente hacia periodistas o líderes de opinión críticos, como la comunicadora Alondra Santiago, a quien se le retiró su residencia en Ecuador, y el programa Los Irreverentes, que señaló presiones gubernamentales hacia el canal de televisión donde se emitía su contenido.
Este contexto refuerza la necesidad de observadores internacionales para evaluar el respeto a los derechos fundamentales y asegurar la protección de quienes ejercen la libertad de expresión.
