El gobierno de Estados Unidos declaró el estado de emergencia nacional por lo que considera amenazas a la seguridad y la política exterior del país por parte del régimen cubano, e introdujo un nuevo régimen de sanciones arancelarias dirigido a presionar a La Habana, medida que entrará en vigencia a partir del 30 de enero de 2026.
Según el texto de la orden, las autoridades estadounidenses afirman que “las políticas, prácticas y acciones del Gobierno de Cuba constituyen una amenaza inusual y extraordinaria” para los intereses de Estados Unidos. El documento sostiene que el régimen cubano proporciona apoyo y cooperación a países y grupos que Washington considera adversarios, incluyendo a Rusia, China, Irán, Hamas y Hezbollah.
De acuerdo con la orden, La Habana alojaría instalaciones de inteligencia y defensa de potencias extranjeras, como la llamada base de señales de Rusia, y permitiría la expansión de organizaciones que, a juicio de la Casa Blanca, podrían “desestabilizar el hemisferio occidental”. El texto también menciona prácticas de represión política interna y violaciones de derechos humanos, entre ellas restricciones a la libertad de prensa y de expresión.
Como parte de las medidas anunciadas, la orden ejecutiva crea un sistema de aranceles adicionales sobre bienes importados a Estados Unidos provenientes de cualquier país que, directa o indirectamente, suministre petróleo a Cuba. Según la disposición, este nuevo régimen arancelario forma parte del paquete de presión dirigido al gobierno cubano en el marco del estado de emergencia nacional declarado.
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