El gobierno de Estados Unidos anunció la inclusión de Venezuela y Cuba en su lista de países sujetos al pago de fianzas para la obtención de visas, como parte de un endurecimiento de sus políticas migratorias tras la captura de Nicolás Maduro. La medida, que afecta a solicitantes de visas B1 (negocios) y B2 (turismo), entrará en vigencia el próximo 21 de enero.
De acuerdo con las nuevas directrices, los ciudadanos de estos países que soliciten visas B1 o B2 deberán depositar montos de 5.000, 10.000 o 15.000 dólares como garantía de su retorno. El monto exacto de la fianza será determinado por el oficial consular durante la entrevista y no garantiza la aprobación del visado.
El Departamento de Estado ha establecido condiciones estrictas para el uso de estos documentos. Quienes paguen la fianza solo podrán ingresar y salir de Estados Unidos a través de tres aeropuertos específicos: Washington Dulles, John F. Kennedy en Nueva York y Logan en Boston. El incumplimiento de los puntos de salida establecidos o el pago anticipado de la fianza sin instrucción consular resultarán en la pérdida del dinero y la posible denegación de futuras entradas.
Con la inclusión de Venezuela y Cuba, la lista de naciones sometidas a este régimen asciende a 38 países, entre los que se encuentran Argelia, Nepal, Zimbabue y Uganda.
El Departamento de Estado no ha vinculado oficialmente esta decisión con la reciente operación militar en Caracas. Sin embargo, la medida se adopta pocos días después de que Nicolás Maduro fuera trasladado a una prisión en Nueva York. Fuentes especializadas señalan que la incorporación de Venezuela a la lista responde a una estrategia de control migratorio ante la inestabilidad generada por la caída del chavismo.
En el caso de Cuba, el presidente Donald Trump afirmó recientemente que la isla atraviesa una situación de vulnerabilidad extrema tras la interrupción del suministro venezolano. “Cuba siempre ha sobrevivido gracias a Venezuela. Ahora está a punto de caer”, declaró el mandatario, sugiriendo que las restricciones de viaje forman parte de una presión combinada sobre ambos gobiernos.
Esta política supone un obstáculo económico significativo para la mayoría de los ciudadanos venezolanos, cuyo poder adquisitivo ha sido afectado por años de crisis. La exigencia de una fianza en dólares, moneda de difícil acceso bajo el actual control de cambio y el estado de conmoción, limita en la práctica la vía legal de viaje para la clase media y sectores profesionales.
EFE
