El Departamento de Estado de Estados Unidos ha emitido un memorando dirigido a todas las embajadas y consulados estadounidenses ordenando un exhaustivo examen de la actividad en redes sociales de los solicitantes de visa estudiantil. Esta medida busca identificar cualquier evidencia de apoyo a grupos terroristas, según fuentes informadas al medio CNN.
La instrucción lleva la firma del secretario de Estado, Marco Rubio, y encomienda a las Unidades de Prevención de Fraude del departamento la tarea de capturar y analizar cualquier actividad en redes sociales que pueda considerarse relevante. Este enfoque se enmarca en la política de la administración de Donald Trump, que ha defendido la detención de titulares de visas sin acusación formal bajo el argumento de razones de seguridad nacional.
La medida ha sido recibida con fuertes críticas por parte de defensores de la inmigración y los derechos humanos, quienes califican la acción como injustificada y discriminatoria. En el centro de la controversia se encuentra la reciente detención de Rumeysa Ozturk, una estudiante turca capturada por agentes de inmigración vestidos de civil cerca de la Universidad de Tufts. El Departamento de Seguridad Nacional justificó la detención alegando que Ozturk manifestaba apoyo a Hamás, sin proporcionar detalles específicos sobre las actividades que motivaron esta acusación.
Ante los cuestionamientos de periodistas sobre el caso de Ozturk, Rubio sugirió, sin aportar evidencias concretas, que la estudiante estaba implicada en protestas estudiantiles destructivas contra las operaciones militares de Israel en Gaza. Rubio declaró: «Si solicitas una visa para ingresar a Estados Unidos… y nos dices que… quieres participar en movimientos que están involucrados en hacer cosas como vandalizar universidades… no te vamos a dar una visa».
El marco legal para revocar visas basado en publicaciones en redes sociales se encuentra en una cláusula de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952. Esta disposición, raramente utilizada, otorga al Departamento de Estado la potestad de negar o revocar visas a extranjeros cuyas acciones puedan tener consecuencias adversas para la política exterior de Estados Unidos. En el contexto actual, esta cláusula ha sido invocada para justificar arrestos y revocaciones de visas estudiantiles.
Con información de CNN
