En un movimiento coordinado con la Unión Europea, el Reino Unido y Canadá, el Gobierno de Estados Unidos ha anunciado un aumento significativo en las recompensas ofrecidas por información que conduzca a la captura de figuras clave del régimen de Nicolás Maduro. Este anuncio coincide con la controversia generada por la reciente juramentación de Maduro como presidente de Venezuela, descrita internacionalmente como ilegítima.
Las autoridades estadounidenses han incrementado la recompensa para Nicolás Maduro, designado como líder del llamado «cártel de los soles», a 25 millones de dólares, aumentando en 10 millones la cifra previamente ofrecida. De igual manera, la recompensa por Diosdado Cabello, quien ostenta el cargo de ministro del Interior y es considerado el segundo al mando en el chavismo, también se elevó a 25 millones de dólares.
En un desarrollo paralelo, Vladimir Padrino López, ministro de Defensa del régimen, ha sido incluido en la lista de individuos sancionados con una recompensa de 15 millones de dólares.
Además de las recompensas, ocho funcionarios cercanos al régimen enfrentan nuevas sanciones. Entre estos se encuentran el presidente de PDVSA, Héctor Obregón Pérez, y otros altos cargos como el ministro de Transporte y el presidente de Conviasa. Estas medidas representan un esfuerzo conjunto para presionar al régimen de Maduro.
En el ámbito migratorio, Estados Unidos ha implementado sanciones de visado, afectando a aproximadamente 2.000 ciudadanos venezolanos vinculados con el gobierno de Maduro. En contraste, como muestra de apoyo a los venezolanos que residen en el extranjero, se anunció la extensión por 18 meses del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos.
El anuncio de estas medidas ha sido documentado en el Diario Oficial de la Unión Europea, agregando a quince personas a la lista de medidas restrictivas establecida en el Reglamento (UE) 2017/2063. El documento sostiene que las acciones tomadas por los mencionados han «socavado la democracia y el Estado de Derecho», con particular énfasis en las irregularidades detectadas durante las elecciones presidenciales de julio de 2024 y la represión ejercida contra la oposición.
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