En un movimiento sin precedentes, Estados Unidos ha incluido al presidente de Colombia, Gustavo Petro, a su esposa Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti, en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Esta decisión se produce bajo la autoridad del gobierno estadounidense relacionada con el narcotráfico.
El Departamento del Tesoro emitió un comunicado en el que se detalla que desde que Petro asumió la presidencia, la producción de cocaína en Colombia ha alcanzado niveles históricos, lo que ha derivado en una creciente preocupación en Estados Unidos sobre el aumento del narcotráfico y su impacto.
La respuesta del presidente Petro no se hizo esperar. A través de su cuenta de X, refutó las sanciones y se comprometió a defenderse, designando como su abogado a Dany Kovalik en Estados Unidos. En sus declaraciones, Petro calificó la acción como paradójica, especialmente dado su compromiso histórico en la lucha contra el narcotráfico.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, justificó las sanciones alegando que Petro ha permitido que los carteles prosperen y ha fallado en detener estas actividades ilícitas. Además, el expresidente Donald Trump utilizó adjetivos vehementes contra Petro, y anunció la suspensión de financiación a Colombia, además de amenazar con incrementar aranceles.
El senador Bernie Moreno también se pronunció, sugiriendo que existen pruebas de que el presidente Petro ha recibido fondos de narcotraficantes y enfatizó la necesidad de mayores presiones sobre su administración.
Las sanciones de la OFAC implican restricciones severas, y cualquier violación podría conllevar sanciones civiles o penales, tanto para personas estadounidenses como extranjeras. Las implicaciones financieras para Colombia y la región podrían ser significativas, aumentando las tensiones diplomáticas entre ambos países.
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