El gobierno bajo el control de Nicolás Maduro expresó su repudio el 16 de marzo a la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros en Estados Unidos, la cual facilitó la deportación de presuntos integrantes del Tren de Aragua a El Salvador. Mediante un comunicado emitido por el canciller venezolano, Yván Gil, se denunció que esta medida criminaliza de manera «infame e injusta» a los migrantes venezolanos.
En sus declaraciones, Gil comparó esta acción con «los episodios más oscuros de la historia de la humanidad, desde la esclavitud hasta el horror de los campos de concentración nazi», según se puede leer en el comunicado divulgado a través de su canal de Telegram. La postura oficial señala que los venezolanos que cruzaron fronteras lo hicieron en busca de mejores oportunidades de vida debido al «bloqueo criminal» impuesto por múltiples gobiernos occidentales, los cuales, en su opinión, pretendían promover un cambio de régimen en Venezuela.
Gil destacó que los migrantes venezolanos «en su inmensa mayoría» son personas «trabajadoras, dignas y honestas», negando que sean «terroristas, criminales ni ‘enemigos extranjeros’». En este sentido, subrayó que estos individuos son, en realidad, víctimas de la situación socioeconómica que atraviesa su país.
Asimismo, Gil acusó a figuras opositoras como María Corina Machado, Julio Borges, Carlos Paparoni y Leopoldo López de haber solicitado sanciones unilaterales en contra de Venezuela. Según el comunicado, dichas personas consideran la implementación de la Ley de Enemigos Extranjeros como uno de sus principales logros.
Este rechazo por parte del gobierno de Maduro surge después de que El Salvador confirmara la llegada de 238 presuntos miembros del Tren de Aragua, deportados desde Estados Unidos, quienes serán retenidos en cárceles de máxima seguridad en el país centroamericano.
La Ley de Enemigos Extranjeros, invocada recientemente por el expresidente Donald Trump, es una normativa que data de 1798. Originalmente, fue creada para prevenir el espionaje y el sabotaje en tiempos de guerra. Sin embargo, diversas organizaciones humanitarias consideran que su uso actual podría interpretarse como un abuso de poder, ya que puede aplicarse a inmigrantes que no han cometido delitos ni mostrado signos de deslealtad y que residen legalmente en Estados Unidos.
En la orden ejecutiva de Trump, el Tren de Aragua es descrito como una amenaza que está «perpetrando, intentando y amenazando con una invasión o incursión depredadora contra el territorio» estadounidense. Según esta disposición, venezolanos mayores de 14 años identificados como miembros de esta organización que no tengan la ciudadanía o residencia permanente legal están sujetos a ser detenidos, retenidos y expulsados como enemigos extranjeros.
El Nacional
