El Congreso de los Diputados español aprobó este martes, a solicitud de la oposición de derecha, una propuesta que reclama al gobierno de izquierdas el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como el ganador legítimo de las elecciones presidenciales de julio en Venezuela. La proposición fue adoptada por 177 votos a favor frente a 164 en contra, y aunque simbólica, refleja la creciente presión sobre el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
La propuesta, presentada por el conservador Partido Popular, exige que el gobierno reconozca a González Urrutia como el presidente electo de Venezuela y que lidere el reconocimiento de su victoria en las instituciones europeas e internacionales. Esta medida busca asegurar que González Urrutia tome posesión como presidente de Venezuela el 10 de enero de 2025.
El debate en el Congreso se llevó a cabo mientras cientos de simpatizantes de la oposición venezolana se manifestaban en las puertas del edificio, mostrando su apoyo a la iniciativa y a la líder opositora María Corina Machado, quien delegó su candidatura a González Urrutia tras ser inhabilitada por el régimen de Nicolás Maduro.
Durante el debate, la diputada Cayetana Álvarez de Toledo del PP destacó que la medida busca “impulsar la transición” en Venezuela y pidió al gobierno de Sánchez que trabaje para que el 10 de enero González Urrutia asuma el cargo, y Maduro salga del poder. En contraste, la diputada socialista Cristina Narbona recordó que el reconocimiento previo de Juan Guaidó, quien no obtuvo resultados concretos, había sido una medida similar.
Edmundo González Urrutia llegó a Madrid el domingo en un vuelo fletado por el gobierno español para recibir asilo político. En una carta dirigida a los venezolanos, el exdiplomático de 75 años expresó su esperanza de que Venezuela pueda superar su conflicto actual. “Nuestro destino como país no puede, no debe ser, el de un conflicto de dolor y sufrimiento”, afirmó.
La propuesta del Congreso, aunque no obliga al gobierno español a actuar de inmediato, representa un significativo gesto político hacia el reconocimiento de la oposición venezolana y aumenta la presión sobre el Ejecutivo para que adopte una postura más decidida en el contexto internacional.
