En una decisión crucial, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha ordenado la suspensión de la deportación de un grupo de venezolanos bajo la administración de Trump. Estos individuos, acusados de ser pandilleros, estaban siendo deportados en virtud de una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII. La medida es una respuesta a una apelación de emergencia presentada por un grupo defensor de libertades civiles.
La corte suprema ha indicado que el gobierno no debe deportar a ningún miembro del grupo hasta nueva orden. Esta pausa en las deportaciones ocurrió poco después de que un tribunal federal de apelaciones también impidiera al gobierno eliminar la protección legal temporal conocida como TPS de unos 350.000 migrantes venezolanos, quienes enfrentaban la amenaza de deportación inmediata.
La decisión del Supremo se produce después de que la administración Trump invocara la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, acusando a la banda venezolana Tren de Aragua (TdA) de realizar actividades hostiles en territorio estadounidense. Esta ley otorga al presidente el poder de deportar ciudadanos de naciones consideradas «enemigas» sin los procedimientos habituales, y ha sido utilizada anteriormente en situaciones de guerra.
Hasta la fecha, 137 de los 261 venezolanos deportados al Cecot, una prisión de máxima seguridad en El Salvador, lo han sido bajo esta ley, según un funcionario de la administración. Un tribunal de primera instancia había bloqueado temporalmente estas expulsiones el 15 de marzo.
El Tribunal Supremo dictaminó que, aunque Trump podía utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros, los afectados deben tener la oportunidad de impugnar su deportación. Esto implica que se debe notificar a los deportados de manera que les permita solicitar un recurso de hábeas corpus antes de ser expulsados.
Abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) afirman que a los migrantes venezolanos, recluidos en un centro del norte de Texas, se les había notificado en inglés y sin información sobre su derecho a impugnar la deportación. La ACLU argumenta que, sin la intervención del Tribunal Supremo, muchos serían enviados a El Salvador sin oportunidad de defenderse.
Simultáneamente, un tribunal federal de apelaciones ha rechazado una solicitud de la administración Trump para continuar con la eliminación del TPS para venezolanos, bloqueada por un juez de primera instancia. Un panel del Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito concluyó que no se había demostrado que la administración sufriría un daño irreparable si se mantenía el fallo.
En otro caso relevante, la deportación de Kilmar Ábrego García a El Salvador ha generado controversia. Inicialmente admitida como «error administrativo» por el Departamento de Justicia, esta deportación fue más tarde justificada bajo acusaciones de pertenecer a la banda MS-13. El Tribunal Supremo exigió su regreso a Estados Unidos, señalando que no se le garantizó el debido proceso.
Estas decisiones judiciales representan un revés significativo para los esfuerzos de deportación masiva en la administración Trump y abren el debate sobre el uso de leyes de tiempos de guerra en el contexto migratorio actual.
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