Erik Prince, exdirector ejecutivo de Blackwater, presentó una ambiciosa propuesta a la Casa Blanca durante la administración de Donald Trump para llevar a cabo deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados. El plan detallado, que fue revelado por el periódico Político, sugiere un enfoque agresivo y multifacético.
Un plan de alto costo y logística compleja
La propuesta, con un costo estimado de 25.000 millones de dólares, contempla la construcción de campos de procesamiento en bases militares y la utilización de una flota privada de 100 aviones. Además, se considera la creación de un «pequeño ejército» de ciudadanos privados que tendrían autoridad para realizar arrestos a fin de acelerar el proceso de deportación de manera significativa.
El documento de 26 páginas fue presentado a los asesores de Trump antes de su toma de posesión, y detalla medidas necesarias para deportar a 12 millones de personas antes de las elecciones intermedias de 2026. Según se informa, la carga de trabajo requeriría un incremento del 600% en la capacidad de deportación actual. Para alcanzar esta meta, el plan sugiere la contratación de personal privado para funciones típicamente gubernamentales, lo cual resalta la insuficiencia de recursos estatales para una operación de tal envergadura.
El plan es dirigido por Erik Prince junto con Bill Mathews, exdirector de operaciones de Blackwater. También menciona la necesidad de un equipo compuesto por 2.000 abogados y asistentes jurídicos, así como la organización de audiencias de deportación masivas. Estas medidas podrían enfrentar desafíos legales debido a la complejidad inherente en las leyes de inmigración y las protecciones existentes para los migrantes.
A pesar de que la Casa Blanca recibió la propuesta, no se ha confirmado si Trump ha mostrado interés en proceder con el plan. Un portavoz de la administración subrayó el compromiso de deportar a inmigrantes criminales y hacer cumplir las leyes de inmigración, indicando que la aprobación de tales iniciativas recae en las agencias gubernamentales.
El plan también sugiere la implementación de un programa de recompensas para incentivar a las fuerzas del orden locales a colaborar en la detención de inmigrantes indocumentados. Esta propuesta podría generar complicaciones legales ya que no todos los estados y ciudades están de acuerdo en actuar como agentes de inmigración.
Si bien el futuro de esta propuesta permanece incierto, destaca la continua discusión sobre las políticas de inmigración en los Estados Unidos y el balance entre las medidas de seguridad y los derechos de los migrantes.
El Nacional
