La Armada de Estados Unidos ha intensificado su presencia militar en el Caribe y el Pacífico, desplegando ocho buques de guerra cerca de varios países de América Latina, incluyendo Venezuela. Esta operación ha sido descrita como una “misión antinarcóticos reforzada” centrada en la interdicción de drogas, según un funcionario de defensa consultado por The Washington Post. Sin embargo, el movimiento también ha generado especulaciones sobre posibles presiones al gobierno de Nicolás Maduro, al que Washington acusa de liderar el Cartel de los Soles.
En la flota desplegada destacan el USS Iwo Jima, un buque de asalto anfibio que transporta más de 2.500 marines, y el crucero USS Lake Erie, con capacidad para lanzar misiles de crucero Tomahawk. Los destructores USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson están equipados con avanzados sistemas de vigilancia y combate. También se incluye el USS Minneapolis-St. Paul, un buque de combate litoral destacado en el Caribe.
La Armada ha mantenido en reserva las ubicaciones exactas de operación de estos buques, limitándose a señalar que patrullan el Caribe y están a la espera de órdenes más concretas. Aún no se ha definido qué tipo de acciones militares se tomarán contra los carteles de la droga en la región, aunque se han discutido posibilidades que van desde el uso de destructores para lanzar misiles hasta una colaboración más estrecha con las autoridades mexicanas, según informó The Washington Post.
Para algunos miembros de la oposición venezolana, el despliegue podría representar un esfuerzo de la administración Trump para intensificar la presión sobre el régimen de Maduro. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló que para el gobierno de Estados Unidos, Maduro no es un presidente legítimo, sino un líder fugitivo de un cartel acusado de tráfico de drogas.
En respuesta, el gobierno de Nicolás Maduro movilizó 15.000 soldados a la frontera con Colombia y convocó a millones de milicianos para “defender el territorio nacional”. Maduro enfatizó que “nadie debe tocar el territorio venezolano porque es nuestro”, y difundió imágenes de milicianos jurando lealtad en una transmisión televisiva. Además, anunció la liberación de algunos presos políticos, aunque no aclaró los motivos detrás de este gesto. Según la ONG Foro Penal, más de 800 personas permanecen detenidas por razones políticas en Venezuela.
Mientras Trump aumenta la presión militar, su administración ha renovado la licencia a Chevron para operar en Venezuela y continúa organizando vuelos de deportación semanales, habiendo retornado casi 8.000 venezolanos desde febrero. Analistas como Carolina Jiménez Sandoval de WOLA sugieren que la medida busca intimidar políticamente al régimen de Maduro sin llegar a un conflicto militar directo. Geoffrey Ramsey del Atlantic Council coincide en que Washington no planea una intervención armada a corto plazo, aunque Maduro utiliza la retórica de amenaza para fortalecer su imagen interna.
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