Estados Unidos ha anunciado un cambio significativo en sus políticas migratorias para los ciudadanos canadienses. A partir del 11 de abril, aquellos canadienses que visiten el país por más de 30 días deberán reportarse ante las autoridades y registrar sus huellas dactilares, según informó el Registro Federal el miércoles. Esta medida llega en un contexto de crecientes tensiones comerciales entre los dos países vecinos.
Según estimaciones del Departamento de Seguridad Nacional, entre 2,2 y 3,2 millones de personas podrían verse afectadas por estos nuevos requisitos. El impacto será especialmente notable para los jubilados canadienses, comúnmente conocidos como «aves migratorias», que durante los meses de invierno se instalan en estados del sur como Florida, Texas y Carolina del Sur. En esta situación se encuentran aproximadamente 900.000 canadienses.
El endurecimiento de las normas de permanencia es un reflejo más del deterioro de las relaciones entre Canadá y Estados Unidos, países que históricamente han sido aliados cercanos. Esta medida coincide con la entrada en vigor de los aranceles del 25% impuestos por Estados Unidos sobre las importaciones de acero y aluminio, un golpe significativo para la economía canadiense. Además, Canadá enfrenta un gravamen adicional del 25% sobre otros productos.
Simultáneamente, el presidente Donald Trump ha reiterado en varias ocasiones que Canadá debería convertirse en el «estado 51» de Estados Unidos, una afirmación que algunos interpretan como una amenaza de anexión.
Este cambio de política y las recientes acciones comerciales subrayan la creciente complejidad en las relaciones bilaterales, desafiando una larga tradición de colaboración y entendimiento entre ambas naciones. Se espera que las repercusiones de estas medidas se desarrollen en los próximos meses, afectando tanto a ciudadanos individuales como a sectores económicos clave.
El Nuevo Herald
