Las autoridades de Estados Unidos analizan si recursos del Estado venezolano fueron utilizados de forma sistemática para financiar a Irán y a su aparato militar con miles de millones de dólares, en el marco de una investigación que cobra relevancia tras la incautación de un petrolero presuntamente vinculado a redes de contrabando iraní y en medio del refuerzo militar estadounidense en el Caribe.
Según documentos a los que tuvo acceso el diario ABC, aportados por investigadores y por un exalto cargo venezolano a la Fiscalía estadounidense y a la Casa Blanca, Washington examina una alianza estratégica de largo alcance entre Caracas y Teherán, construida durante casi dos décadas y extendida a los ámbitos financiero, energético, minero, industrial y militar. El foco de la investigación es determinar si esa cooperación sirvió para ayudar a Irán a evadir sanciones internacionales y sostener tanto su economía como su capacidad militar.
De acuerdo con la información publicada por ABC, la Fiscalía estadounidense trabaja en la posible ampliación de cargos contra integrantes del llamado Cartel de los Soles, una red que Estados Unidos vincula con los más altos niveles del poder en Venezuela y que el gobierno de Donald Trump designó en noviembre como Organización Terrorista Extranjera. Washington identifica entre los implicados al presidente Nicolás Maduro y a otros altos funcionarios del régimen, y recuerda que esta estructura ya había sido sancionada previamente por el Departamento del Tesoro.
El informe citado, elaborado con aportes de diversas fuentes de inteligencia y de exfuncionarios venezolanos en el exilio, sostiene que el chavismo habría diseñado una arquitectura financiera y logística compleja para facilitar el flujo de fondos hacia Irán. Ese entramado incluiría fondos binacionales, empresas públicas venezolanas, bancos pantalla y proyectos industriales sin actividad real, creados principalmente para mover dinero y esquivar controles internacionales.
Las estimaciones recogidas por ABC sitúan en 4.689 millones de dólares los recursos procedentes de proyectos y fondos directamente vinculados a Irán, como iniciativas en energía y petroquímica. A esa cifra se sumaría una estimación conservadora de 3.132 millones de dólares desviados indirectamente desde el fondo chino-venezolano. En total, el volumen de dinero que habría llegado directa o indirectamente al ecosistema estatal iraní a través de Venezuela ascendería a unos 7.821 millones de dólares.
Un exfuncionario venezolano explicó al diario un mecanismo de triangulación financiera entre China, Venezuela e Irán. Según su testimonio, parte de los ingresos por la venta de petróleo iraní a China quedaban bloqueados por las sanciones estadounidenses, y el régimen chavista habría actuado como vía de escape para esos fondos, canalizándolos bajo la apariencia de préstamos que, en la práctica, no funcionaban como tales.
De acuerdo con el análisis de los investigadores citados por el medio español, una parte significativa de los ingresos petroleros venezolanos, incluidos fondos procedentes de créditos chinos, se redirigió mediante mecanismos opacos hacia empresas estatales iraníes y estructuras asociadas a la Guardia Revolucionaria. El resultado habría sido un flujo constante de recursos destinado a respaldar el programa nuclear iraní y a financiar a sus aliados armados en Oriente Próximo y América Latina.
El informe también apunta a que parte de esos fondos pudo haberse utilizado para financiar redes de influencia política en distintos países, a través de transferencias indirectas, contratos ficticios y circuitos financieros diseñados para dificultar el rastreo del dinero. Los documentos recuerdan que ya alrededor de 2012 existían informes que describían a Venezuela como plataforma operativa de Irán en América Latina, con menciones explícitas a figuras del chavismo como Hugo “el Pollo” Carvajal y Clíver Alcalá Cordones.
Más de una década después, ambos fueron extraditados y han cooperado con la justicia estadounidense, aportando información sobre narcotráfico, corrupción y relaciones internacionales del régimen de Maduro, lo que ha reforzado el interés de la Fiscalía en estas conexiones, según la información divulgada.
En el terreno de los recursos estratégicos y las capacidades militares, el informe recoge versiones previas sobre una posible participación iraní en el control indirecto de yacimientos de uranio en el sur de Venezuela, dentro de un esquema de cooperación estratégica. Aunque no se presentan pruebas verificables de envíos de uranio, los analistas citados advierten que la infraestructura asociada podría otorgar a Irán capacidad para sortear restricciones sobre su programa nuclear.
Además, se sostiene que Irán habría proporcionado a Venezuela tecnología de drones armados, misiles antibuque y capacidades industriales para la producción de explosivos, en proyectos que, de confirmarse, aumentarían de forma significativa la capacidad militar venezolana y permitirían a Teherán proyectar poder en el hemisferio occidental.
El documento describe asimismo a Venezuela como base logística y financiera para organizaciones como Hezbolá y Hamás, mediante redes de blanqueo de capitales, tráfico ilícito y documentación irregular. Según los analistas estadounidenses citados por ABC, este esquema formaría parte de una estrategia coherente de expansión de la influencia iraní en la región.
El Nacional
